Hay momentos en la historia de América Latina en los que el poder parece caminar por un pasillo oscuro, rodeado de retratos que observan en silencio. Los hombres que lo ocupan saben que ese poder no siempre les pertenece; a veces apenas lo administran mientras la historia decide qué hacer con ellos.

Venezuela vive uno de esos momentos.

La captura de Nicolás Maduro en enero de 2026 por fuerzas estadounidenses produjo una escena que habría parecido imposible apenas unos meses antes: el líder del régimen chavista, acusado de narcotráfico y corrupción, detenido y trasladado hacia la justicia estadounidense. Sin embargo, el Estado venezolano no se derrumbó. No hubo vacío de poder ni implosión institucional.

El sistema siguió funcionando.

En Miraflores, Delcy Rodríguez asumió el poder como presidenta interina. Los ministerios continuaron operando, la Fuerza Armada permaneció intacta, el Tribunal Supremo siguió dictando decisiones y la petrolera estatal PDVSA continuó bombeando crudo desde los campos envejecidos del Orinoco.

Ese hecho explica el extraño paisaje político que hoy se observa en Caracas.

Mientras la oposición democrática mantiene la legitimidad electoral surgida del 28 de julio de 2024, el aparato del Estado —ese laberinto de poder construido durante más de dos décadas de chavismomadurismo— permanece bajo control de quienes lo administraban antes de la caída de Maduro.

Es la clásica tensión de las transiciones políticas: legitimidad contra control.

Y esa tensión explica por qué Washington negocia con Miraflores.

No se trata de afinidad política. Se trata de realismo institucional.

La estrategia estadounidense hacia Venezuela parece seguir una lógica clara, dividida en tres etapas: estabilizar el Estado, recuperar la economía y, solo después, abrir el camino hacia una transición política plenamente democrática con las elecciones.

Primero la estabilidad, luego la democracia.

Por eso funcionarios estadounidenses han estado reuniéndose con el gobierno interino venezolano. La........

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