El pasado domingo 1 de junio se realizaron en México unas elecciones inauditas: la escogencia de los miembros del Poder Judicial, desde los nueve integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), hasta los jueces de distrito y diferentes cargos adicionales, en 19 estados del país. En total, fueron un poco más de 2.600 las plazas que debían cubrirse.

No fueron suficientes los llamados a la reflexión y la sindéresis de especialistas, magistrados y académicos, quienes advirtieron los peligros de organizar una consulta popular para elegir en todos los niveles a los integrantes del sistema judicial. Al final, terminó imponiéndose el proyecto originalmente impulsado por el expresidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), respaldado por la actual presidenta, Claudia Sheimbaum (CS).

En un país tomado en buena parte de su territorio por los poderosos carteles de la droga, que han penetrado numerosos espacios de la nación, es sorprendente que AMLO y CS hayan impuesto un proyecto tan descabellado y delicado como ese. Los ciudadanos, mucho más sensatos que esos dirigentes, le dieron la espalda a la iniciativa. A la cita sólo asistió 13% del patrón electoral. En un país que necesita adecentar su Poder Judicial,........

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