Por decisión unilateral del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, 238 venezolanos, presuntamente integrantes de la organización criminal Tren de Aragua, fueron deportados a El Salvador y recluidos en la cárcel de máxima seguridad denominada Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot).

Por Jesús Ollarves Irazábal

Fue una operación mediática difundida con deliberada espectacularidad: hombres con cabeza rapada y uniformes blancos, atados de pies y manos con cadenas, arriados casi en cuclillas… Así iban entrando en los calabozos de la llamada “megacárcel”.

Rápidamente se sabría que se trató de una transacción económica (de un negocio), por la cual Estados Unidos pagaría y El Salvador recibiría 6 millones de dólares.

Trump hizo caso omiso a la decisión judicial que prohibió la operación, pues la misma se fundamentó en una ley de data de 1798 y que se pensó para tiempos de guerra, de guerra convencional, de confrontación bélica entre naciones. Como si fuera un juez superior…

Por su parte, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, se apresuró a informar que, inicialmente, los detenidos permanecerían un año en el Cecot. Como si fuera un juez de ejecución…

Todo mal, pues esta operación es violatoria del derecho al debido proceso. ¿Qué autoridad competente comprobó que todos y cada uno de estos venezolanos forman parte del Tren de Aragua y que, en efecto, todos y cada uno de ellos cometieron delitos? ¿Cuáles son esos delitos en cada caso y en cada caso cuáles fueron las circunstancias de modo, tiempo y lugar? ¿Todos y cada uno de los procedimientos de detención y deportación están ajustados al Estado de Derecho? ¿Todos los afectados fueron escuchados por una autoridad competente? ¿Todos contaron con asistencia legal y recursos efectivos para defenderse? ¿Es........

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