Estos días de marzo han desatado, a niveles alucinantes, el cinismo característico de la camarilla que usurpa el poder en nuestro país.

En efecto, el régimen más abiertamente violador de los derechos humanos en el hemisferio occidental pretende ahora erigirse en su defensor.

La dictadura socialista venezolana, investigada por la Alta Comisionada de Derechos Humanos de la ONU, ha sido objeto de informes concluyentes, documentados y probados, que señalan la responsabilidad de Maduro y su entorno en la ejecución de múltiples crímenes de lesa humanidad y en violaciones masivas y sistemáticas a los derechos fundamentales.

Además, la dictadura chavista-madurista enfrenta una investigación formal en la Corte Penal Internacional por la comisión de esos mismos crímenes.

Esta política de escalamiento y diversificación de violaciones a los derechos humanos, iniciada desde la instauración del llamado socialismo del siglo XXI, ha sido la causante del éxodo más elevado de población en América Latina en, al menos, los últimos cien años.

Una nación estable, que creció de forma sostenida tras superar las guerras del siglo XIX, comenzó de pronto a desplazarse masivamente hacia otras latitudes, al sentirse amenazada en su seguridad personal, económica y social.

Desde la llegada al poder del difunto comandante Chávez, con un discurso de odio y división sobre nuestro pueblo, se inició un proceso de hostigamiento contra sectores sociales y políticos que se vieron obligados a buscar refugio en otros países para alejarse de esa retórica virulenta y disolvente.

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