“Estados Unidos no tolerará que gobiernos o empresas extranjeras apoyen al régimen de Maduro a través del petróleo. Quienes lo hagan enfrentarán aranceles y sanciones.”
Marco Rubio

Cuando el presidente Donald J. Trump firmó la Orden Ejecutiva que impone un arancel de 25% a todas las importaciones de petróleo venezolano —incluso si llegan a través de terceros países— muchos lo interpretaron como otro gesto característico de un líder que prefiere el martillo al bisturí. Sin embargo, al coincidir con la reciente decisión del Departamento del Tesoro —a través de la Licencia General 41B— de extender, bajo condiciones estrictas, las operaciones y exportaciones de crudo venezolano hasta el 27 de mayo, el mensaje de Washington adquiere una dimensión más compleja. No se trata únicamente de sancionar a Nicolás Maduro, sino de cercarlo.

Esta estrategia dual —parte sanción, parte cálculo— revela una apuesta de alto riesgo. Por un lado, la administración Trump mantiene una línea dura de aranceles destinada a asfixiar al régimen. Por el otro, permite que una de sus principales petroleras conserve una presencia controlada en la infraestructura energética venezolana. ¿Incoherencia? Tal vez. Pero las consecuencias están calculadas. Se trata de una estrategia.

La nueva Licencia General 41B autoriza a Chevron a extraer y exportar petróleo venezolano, pero bajo condiciones muy claras: no puede pagar impuestos, regalías ni dividendos a Pdvsa; no puede expandirse a nuevos yacimientos; y no puede asociarse con empresas vinculadas a Rusia. Toda la producción debe venderse exclusivamente en Estados Unidos. Es, en efecto, una operación contenida: lo justo para asegurar presencia y suministro limitado, pero insuficiente para apuntalar al régimen.

Al mismo tiempo, los nuevos aranceles lanzan un mensaje contundente a los clientes........

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