“Hemos cerrado un ciclo negativo. La apertura petrolera fue el intento de quitarle definitivamente a los venezolanos su riqueza natural más poderosa, más grande”.

Hugo Chávez, Primero de Mayo, 2007

Cómo los Contratos de Participación Productiva (CPP) desmantelan “la soberanía petrolera” de Chávez

En síntesis

El problema

Bajo la fachada de atraer inversión extranjera y esquivar sanciones, el régimen de Nicolás Maduro ha desplegado una estrategia elemental: firmar Contratos de Participación Productiva (CPP), al margen de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, aprobada en 1999, y la Ley Orgánica de Hidrocarburos sancionada en 2001. Esta medida otorga a operadores privados control total de los activos petroleros. Una maniobra sin precedentes desde la nacionalización del crudo en 1976 y menos desde 2007, cuando por orden de Hugo Chávez se transfirió el control de las asociaciones estratégicas a empresas mixtas en las que el Estado, a través de Pdvsa, tendría la mayoría accionaria.

El impacto

Los CPP no solo desvían las ganancias de la nación hacia redes paralelas de poder, sino que suprimen la estructura legal construida para salvaguardar el recurso estratégico del país. Maduro está erosionando por dentro la arquitectura institucional del chavismo fundacional y sustituyéndola por una red de contratos opacos que financian la represión y el clientelismo.

La respuesta

Para restaurar la legitimidad institucional, Venezuela necesita una auditoría independiente de todos los CPP, la derogación de la Ley Antibloqueo y una reforma legal transparente que reestructure la industria, sin privatizaciones encubiertas.

¿Privatización o captura institucional?

En regímenes autoritarios, las amenazas a la democracia no suelen llegar con tanques, sino con contratos —un proceso gradual y sutil de debilitamiento de las instituciones y las normas políticas—. Este es el caso del país bolivariano. Mientras el........

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