El Congreso de la Nación, elegido por los ciudadanos, debiera ser uno de los escenarios más relevantes de la democracia. La política allí merece contar con la más alta calidad institucional y no convertirse en insumo de prácticas viciadas que pueden tener efectos devastadores.

Pero alcanzar ese ideal requiere que quienes asuman responsabilidades legislativas sean consecuentes con esa función pública, articulada al interés colectivo, tomando en cuenta a la comunidad en general para contribuir a su bienestar y a los valores fundamentales que fortalecen el Estado de derecho como protección contra las adversidades que hacen deleznable la gobernanza.

El Congreso de Colombia, integrado por una diversidad de vertientes políticas, tiene una mayoría contraria a un desarrollo que conduzca a la superación de los males comunes. El comportamiento de la oposición es de agresión, con narrativas surtidas de distorsión, de odios alevosos y de estigmatizaciones calculadas con perversidad. 

No se trata de una oposición de principios en la que la diferencia radique en el contenido de las propuestas expuestas. Se acude a mezquindades para enlodar al contrario, contraviniendo la decencia y la ética, con versiones carentes de sustentación que les dieran validez.

Es penoso el papel de quienes en el Congreso se dedican al agravio, en detrimento de la libertad de expresión. Confunden el derecho a la crítica con el insulto. Pretenden consagrarse con ese protagonismo bochornoso. Es una conducta borrascosa, de expresión tóxica.  Es una contribución negativa al debate sobre los problemas nacionales, que requieren seriedad, conocimiento y lucidez para comprenderlos y buscar las soluciones que están pendientes desde hace mucho tiempo.

No son pocos los que se dedican de forma recurrente a la violencia verbal en el ámbito político. En el Congreso forman una élite bulliciosa, muchas veces atolondrada, dedicada a enarbolar injurias que ponen de presente la aridez que los caracteriza en el conocimiento de los problemas que pesan sobre la nación, como resultado de las repetidas frustraciones de muchos gobiernos.

Un botón de muestra de esa corrosiva militancia es la representante a la Cámara Lina María Garrido Martín, quien entra en éxtasis con sus peroratas cotidianas contra el presidente de la República. Pero ella es una congresista de ostensible ignorancia. Pareciera que la corporación de la que hace parte es el lugar equivocado. No sabe cuánto representa esa institución. Así como no toma en cuenta que ella está, presuntamente, involucrada en actos de corrupción, así como su padre.

La representante Garrido es, sin duda, un botón de muestra de los malos congresistas que le restan legitimidad a la Rama Legislativa del poder público. Atrapada en la mediocridad y el vandalismo verbal, no tiene un horizonte que le permita ampliar su visión de la vida y de los deberes que está obligada a cumplir como legisladora. Ha perdido la noción de la función pública.

Esa situación les impone a los electores colombianos pensar en su voto a la luz de sus intereses en el conjunto colectivo. No se puede seguir degradando el Congreso con dirigentes que le restan integridad y hacen fallar la democracia.

Todos los recursos posibles deben incorporarse a los planes que se dispongan para consolidar la terminación del conflicto armado en el Catatumbo. La paz allí es la meta prioritaria, a pesar de quienes amasan la violencia.

ciceronflorezm@gmail.com

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