Lucía Feijoo Viera

El pasado 18 de junio, mientras se celebraba un Pleno parlamentario en el que, en torno a los escándalos de corrupción que en estos momentos salpican al PSOE, este partido y el PP se enzarzaban en la dinámica del ‘y tú más’, en las calles de Cádiz se libraba una batalla campal entre los huelguistas del metal y la Policía. Esta estampa dual refleja, en mi opinión, lo que viene siendo la democracia española desde que nació. Hay un nexo que vincula la corrupción con la protesta social: el poder oligárquico. Efectivamente, si algo caracteriza el sistema parlamentario español, es el contrato establecido entre las empresas del IBEX 35 y las élites del bipartidismo (PSOE y PP), en virtud del cual éstas garantizan a aquellas unos beneficios extraordinarios permanentes a cambio de una participación de la clase política en el chorro de dinero que se maneja en las alturas de la economía. El oligopolio privado ha permitido consolidar este capitalismo de amiguetes que, periódicamente, nos ofrece estas imágenes de responsables públicos sobornados a cambio de vulnerar las leyes del libre mercado para favorecer a empresas que, merced a los procesos de concentración del capital al que asistimos, tienen cada vez mayor poder.

En el rocambolesco y cutre caso del trío Ábalos-Koldo-Cerdán asistimos a la corruptela de libro que viene sucediéndose, desde la restauración........

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