Acto de reconocimiento y reparación a las víctimas de abusos de la Iglesia en la Almudena. / Europa Press

En los Evangelios canónicos (los aceptados por la Iglesia católica, hay otros considerados apócrifos) se puede leer, en los de Mateo y Lucas, «Ay de quien escandalice a uno de estos pequeños, más le valdría que le ataran al cuello una piedra de moler y lo precipitaran al mar» . Y se añade: «Lo que hiciereis a uno de estos pequeños a mí me lo hacéis». Es Jesús, el Dios encarnado de los cristianos, quien enuncia tan severa admonición. Y está claro que en el seno de la que se considera su Iglesia se ha escandalizado, de qué manera y por cuánto tiempo, a esos pequeños. Lo que todavía es más deleznable si cabe: las autoridades eclesiásticas, obispos y hasta no hace tanto en el mismísimo Vaticano, se ha encubierto el pecado mortal reiterado. En España la ocultación ha sido norma. Se ha protegido a los clérigos pederastas. Nunca se les denunció. El fallecido obispo de Tenerife, Bernardo Álvarez, escaló la cúspide de la amoralidad al afirmar: «tengo experiencia en eso, como sacerdote chicas y chicos de 13 o 14 años me han provocado». Joder con su ilustrísima.

Los casos son tantos que con enunciar uno se da en la tecla. Y ahora, cuando, por fin, la Conferencia Episcopal se aviene, a rastras, forzada lo indecible, a acordar con el Gobierno las reparaciones a las víctimas de la pederastia, resulta que el arzobispo de Valladolid y presidente de la Conferencia Episcopal, Luis Argüello, al estampar, insistamos que obligado, incluso por el Vaticano, su firma en el documento, se descuelga con lo que define la inmensa miseria moral que ha caracterizado a la alta clerecía hispana. Sentencia el arzobispo que en determinados casos las indemnizaciones pagadas a las víctimas podrán ser excesivas; entonces, cavila Argüello, cómo se prevé que se le devuelva a la Iglesia el dinero abonado de más. Qué asco. Luis Argüello es prototipo del eclesiástico español de siempre, el que considera que los privilegios de su Iglesia, generosamente regada económicamente por el Estado, que ha permitido que sea la mayor potencia urbanística del país, lo son por etéreo designio divino, que le pertenecen por el orden natural de las cosas. El Concordato suscrito entre la dictadura del general Franco (agradeció los servicios prestados por la Iglesia a los golpistas en 1936) y el Vaticano allá por 1953, después adecuado por Adolfo Suárez antes de la aprobación de la Constitución de 1978, respetado por los sucesivos gobiernos, también los socialistas, siempre muy generosos en la financiación de la Iglesia, dan pie a sus eminencias e ilustrísimas ha colegir que están en disposición de hacer lo que les venga en gana; entre lo que les venga en gana ha estado la sistemática ocultación de la inacabable pederastia que ha enlodado los estamentos de la Iglesia, especialmente sus centros de enseñanza, mayoritarios en las Españas. Nadie les dijo nunca nada. Solo en los últimos años las víctimas han denunciado; es ahí cuando a la Iglesia se le ha empezado a horadar la muralla de impunidad.

Cuando, por fin, la Iglesia se ve impelida a reconocer sus desmanes, salta su máxima jerarquía, el sinuoso arzobispo Argüello, con lo de que cómo hay que establecer el dinero que se les deba devolver al haber indemnizado en exceso. Es esa miseria moral, que no hay manera de extinguir, la que es marca indeleble de la casa. «Ay quien escandalizare a uno de estos pequeños...», les importa un bledo, o lo parece. Valga lo que un alto cargo de la Iglesia madrileña le dice a quien, roto, denuncia lo que un cura le hizo: «hay que conocer, pero no airear». Naturalmente, por eso sacerdotes pederastas eran trasladados de parroquia en parroquia, ubicados en otras diócesis, nunca execrados, jamás denunciados.

El Gobierno arranca a la Iglesia una expiación económica por sus nefandos pecados. Ocurre que es el Estado el que financia a la Iglesia. La pregunta obligada: ¿pagamos los ciudadanos las tropelías de pederastia cometidas en el seno de la Iglesia católica?

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