El Gobierno, tras una extraña y accidentada sesión, ha aprobado medidas para paliar la subida del precio del petróleo y del gas natural causadas por la guerra de Irán. Sánchez compareció «amparado» por la creciente resistencia europea —él fue pionero— a la grave aventura Trump-Netanyahu, que no solo viola el derecho internacional y crea un muy peligroso precedente, sino que se palpa que la guerra durará y tendrá graves consecuencias económicas. El director general de la Agencia Internacional de la Energía, Fatih Berol, ha declarado que estamos ante «el shock energético más grave de la historia» y que cuando la guerra acabe se necesitará «un mínimo de seis meses» solo para reparar los daños en los países del Golfo.

El presidente insistió en que el coste para España —si la situación no empeora— será de 5.000 millones, que se destinarán a compensar a los ciudadanos y a las empresas del incremento de los precios de la energía. La principal decisión es la rebaja fiscal de la electricidad y los carburantes a los consumidores, pues se reduce su IVA del 21% al 10%, el máximo permitido por la UE. Y también se rebajan los peajes eléctricos a las empresas intensivas en el uso de la electricidad que sostienen muchos empleos.

Es una rebaja de la fiscalidad compensatoria y en línea con la ya acordada cuando la guerra de Ucrania. Y la segunda parte del decreto, impulsar el mayor uso de las energías renovables con bonificaciones en el IRPF a las placas eléctricas y los puntos de recarga, también parece adecuada. Sánchez utilizó —sin citarla— una crónica del Financial Times que dice que, desde primeros de año, el precio de la electricidad en España solo ha sido marcado en un 15% por el gas natural, cuando en Italia ha sido el 89% y en Alemania el 50%. Es una apreciable ventaja, debida a las renovables.

Hasta aquí parecen medidas razonables que, además, pueden tener un amplio apoyo parlamentario. Pero, pero… el segundo decreto aprobado —cuya convalidación se retrasará, porque «aún no tiene» apoyo parlamentario— es un puro brindis al sol. La vivienda es un grave problema, pero no se puede recurrir por sexto año consecutivo —ya no es un momento excepcional— a congelar alquileres y prohibir desahucios, porque se generan efectos contrarios a los deseados. Y la vivienda no tiene nada que ver con la guerra y el coste no sería del Estado sino de los imprescindibles arrendadores.

Lo peor es que el Gobierno sabe que este segundo decreto será tumbado en el Congreso como ya lo fue, hace muy poco, otro similar. ¿Por qué, pues, este despropósito? Sumar —el socio de Gobierno— parece creer que no se trata tanto de gobernar como de lanzar mensajes populistas que suenan bien, pero que no prosperarán por falta de mayoría parlamentaria. ¿Se gobierna con decretos fallidos porque «el Gobierno de coalición progresista» se «olvida» de que no tiene mayoría? Y el paquete de medidas ya ha perdido el protagonismo que ha ganado «la huelga» de dos horas de los ministros de Sumar, que no quisieron entrar en el Consejo de Ministros sino se aprobaban sus discutibles propuestas de vivienda.

¿Gobernar es hacer teatro? ¿Sale «el Gobierno de coalición progresista» beneficiado de las derrotas en el Congreso? ¿Se genera así confianza ciudadana? La cruda realidad es que Sánchez no puede continuar sin «tragar» la demagogia de Sumar. ¿Es razonable y sostenible?

Lo esencial es que el primer decreto —que entra en vigor de inmediato— sea convalidado la próxima semana. Parece que lo será por el apoyo del PNV y, en esta ocasión, hasta de Junts. Pero hay la incógnita de los tres diputados de Podemos. Y todo sería más seguro —y más sólido— si el PP también lo votara. Por eso no se entiende que el presidente —aunque menos que otras veces— cargara contra el PP. ¿Ante una grave crisis económica es sensato atacar a alguien cuyos votos son convenientes y, quizás, imprescindibles?

El PP espera a conocer el texto del decreto. Pero ganaría credibilidad votando el primer decreto y mostrando que está dispuesto a ayudar en lo importante, mientras que con Sumar —conflictivo socio— el Gobierno perderá el decreto de la vivienda. Claro que el PP también arrastra su cruz porque en Extremadura, Aragón y Castilla-León está ansioso del apoyo de Vox. n

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