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El Gobierno declara la guerra a Escribano y pide su salida de Indra para seguir adelante con la fusión con EM&E

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19.03.2026

El Gobierno declara la guerra a Escribano y pide su salida de Indra para seguir adelante con la fusión con EM&E

La SEPI, principal accionista de la tecnológica, insta a resolver el "conflicto de interés" para continuar con una operación con fuerte impacto en Asturias

El presidente de Indra, Ángel Escribano. / INDRA

El Gobierno exigió ayer la dimisión del presidente de Indra, Ángel Escribano, para desbloquear la fusión con Escribano Mechanical & Engineering (EM&E). Lo hizo a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), que controla el 28% del capital de Indra. Ángel Escribano es el propietario junto a su hermano Javier de la empresa industrial madrileña EM&E y a su vez son los segundos mayores accionistas de Indra con el 14,3% de las acciones, por lo que había un conflicto de intereses. Tanto Indra como EM&E tienen una importante presencia en Asturias y fuertes planes de expansión en la región.

En un duro comunicado lanzado ayer por la noche, la SEPI ha pedido a la compañía tecnológica española que "resuelva el conflicto de interés existente para continuar con la integración de Escribano (EM&E)" por el impacto que está teniendo en el estudio de la posible operación, "pese a las medidas de mitigación adoptadas hasta ahora".

El organismo público subraya "que una eventual operación con EM&E no puede plantearse como una vía para resolver ese conflicto de interés, ni tampoco puede estar condicionada por él". A su juicio, esta situación "debe aclararse previamente antes de seguir avanzando en el análisis". Por ello, la SEPI ha pedido que el conflicto quede resuelto antes de continuar con la evaluación de la operación y de tomar una decisión lo más favorable posible para Indra.

Pese a la presión del Ejecutivo, Ángel Escribano quiere continuar al frente de Indra y considera que la operación de fusión se puede negociar, quedando EM&E por detrás de la SEPI en el accionariado.

Si la dimisión no se produce antes y el industrial madrileño no cede a la presión de Moncloa, el brazo inversor del Estado deberá lograr al menos el 51% de los votos favorables a la salida de Escribano en el próximo consejo de administración que se celebra el próximo 25 de marzo. Este mismo viernes, el empresario está citado en Moncloa a una reunión con Manuel de la Rocha, la mano derecha de Sánchez en asuntos empresariales y director de la oficina de Asuntos Económicos y G20 en Presidencia de Gobierno. Con la reunión de este viernes, el Gobierno pretende pactar una renuncia o tratar de reconducir la situación en la medida de lo posible.

Escribano ha trasladado a su entorno que cuenta con el apoyo tanto "del consejo de administración como de los accionistas", que el pasado mes de junio respaldaron con un 98,49% de consenso la ratificación y su reelección como presidente, así como el proyecto de la firma. Asimismo, Escribano también cuenta con el beneplácito de los distintos fondos de inversión que tienen presencia en el accionario de la firma, como Amber o Third Point, que ya se expresó al respecto pidiendo que la operación con EM&E saliese adelante. Sin embargo, no cuenta con el respaldo de la fabricante de motores vasco Sapa, que cuenta con el 7,94% de las acciones y que ya ha trasladado que votará lo mismo que la SEPI.

La integración de Indra y EM&E se empezó a idear en los últimos meses de la presidencia de Marc Murtra al frente de Indra a finales de 2024 como una operación para formar un auténtico campeón del sector de la defensa en España con el beneplácito del Gobierno de España. Sin embargo, la operación se filtró a la prensa antes incluso de que el consejo de Indra lo supiera en abril de 2025, lo que enrareció el ambiente entre algunos accionistas como Sapa.

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Indra aprobó el pasado 30 de julio crear una comisión ‘ad hoc’ para estudiar la operación y evitar demandas de accionistas ante el reconocido "conflicto de interés" existente entre ambas compañías. Esta comisión llevó al consejo sus conclusiones y el órgano de gobierno aprobó en enero que la operación tenía "encaje estratégico".

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