Las cábalas de La Pereda: la humareda judicial sobre la transformación de la térmica de Mieres envuelve el futuro de Hunosa

La obligación de rehacer la autorización ambiental del CSR deja tocada la transformación energética de la compañía pública

La central térmica de La Pereda. / Luisma Murias

Cuando a finales del pasado año Hunosa apagó la vieja caldera de carbón de la térmica de La Pereda para abordar su trasformación en una central de biomasa era impensable plantear que, apenas un par de meses después, el proyecto de 55 millones de euros estaría, como está, en una coyuntura crítica. Lo que pocos vieron venir es la resolución del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) que anula los permisos ambientales necesarios para dotar de actividad al equipamiento. Como se sabe, el problema no es la biomasa, sino el combustible sólido recuperado (CSR) que está previsto quemar, en un porcentaje de entre un 10 y un 20%, junto al derivado de la madera. Los ecologistas sostienen que se trata de basura que generará altos niveles de contaminación que no han sido debidamente evaluados y que tendrán un grave impacto en la población. La resolución judicial viene a decir que la queja tiene fundamento y que es preciso iniciar de nuevo la tramitación para una autorización ambiental que incorpore una evaluación específica de los niveles de emisión vinculados al empleo de combustible sólido recuperado.

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En principio, el revés judicial no conlleva que Hunosa no pueda seguir desarrollando el proyecto. Ahora bien, deja a la central, al menos temporalmente, sin permiso para funcionar con biomasa y CSR. En juego, está la propia supervivencia de la empresa pública. La central térmica de Mieres es actualmente la principal vía de ingresos de la compañía, representando alrededor del 80% de la facturación cuando estaba en producción regular. En 2023, por ejemplo, la actividad de la central estuvo prácticamente detenida debido a problemas de gestión de cenizas, lo que contribuyó a que los ingresos globales de Hunosa cayeran drásticamente.

Estudio de la emisiones

Lo que se exige el TSJA es que la evaluación ambiental analice en detalle el impacto contaminante del CSR. Dicho de otra manera, la tramitación no puede limitarse a una valoración genérica del proyecto, “sino que debe analizar de forma individualizada los parámetros de emisión asociados al uso de combustible sólido recuperado (CSR), incluyendo partículas de sulfatos, nitratos, cloruros o metales pesados, además de compuestos orgánicos persistentes”, subrayan los ecologistas.

La resolución judicial tiene su origen en un recurso contencioso-administrativo que había interpuesto por la Coordinadora Ecoloxista, "anulando la modificación de la Autorización Ambiental Integrada (AAI) y la Declaración de Impacto Ambiental (DIA), que permitían a Hunosa transformar la central pasando a utilizar biomasa y combustible sólido recuperado. El fallo advierte que el nuevo procedimiento de combustión introduce “modificaciones sustanciales” en lo que al funcionamiento de la térmica se refiere y habla directamente de una 'coincineración de residuos'.

La sentencia no obliga a Hunosa a frenar la obra proyectada para afrontar el cambio de modelo de alimentación, que actualmente se centra en labores de desmantelamiento de los viejos equipos. “Lo que establece es que ahora mismo, si lo tuvieran todo preparado. no podrían poner en marcha la térmica”, señalan los portavoces de la plataforma ecologista que se enfrenta al proyecto y que ha sufragado el actual litigio judicial a través de una cuestación ciudadana con la que recaudaron unos 9.000 euros.

El analisis de la resolución

Así las cosas, a estas alturas, se podría interpretar que la batalla la ganan los ecologistas, pero en el seno del colectivo, pese a prevalecer un sensación de éxito, no se ha desatado la euforia. El movimiento ciudadano que intenta desmontar los planes energéticos de Hunosa por contaminantes percibe que el puente conquistado está lejos de ofrecer una posición asegurada, por lo que defienden que ahora toca atrincherarse y esperar movimientos. “Lo lógico sería que Hunosa y el Principado elaborasen una nueva fundamentación ambiental corriendo los fallos de la primera”, señalan quienes más de cerca están siguiendo el proceso. Ahí surge un hilo de esperanza: “Deberán demostrar y entrar en detalle en el efecto que las cenizas volantes y metales pesados tendrán para los mierenses y demostrar, si pueden, que las emisiones serán inocuas, como afirman sin fundamente técnico”.

En el frente ecologista la resolución judicial ha dejado un cierto regusto amargo pese al éxito que supone. Por una parte valoran que la resolución detecte el error de base: “Los permisos ambientales no han tenido en ningún caso en cuenta el alcance contaminante del CSR. No se han hecho evaluaciones específicas para analizar cómo las partículas que se expulsarán afectarán a la salud de la gente”. Al mismo tiempo, los ecologistas lamentan que el fallo deja puertas abiertas a la corrección. “La redacción de la resolución no es lo contundente que nos hubiera gustado”.

Independientemente de su contundencia, la resolución del TSJA ha descalzado los cimientos del proyecto de transformación de la térmica. Siendo posible que la planificación se pueda readaptar para cumplir con las demandas ambientales, la pregunta radica en conocer hasta donde está comprometida la estructura política. Los sindicatos mineros no han tardado en detectar una grieta que podría resultar catastrófica y que no emana del contenido propio de la sentencia, sino de sus consecuencias.

La postura de Hunosa y los sindicatos

Hunosa destacó, tras conocer la sentencia. Hunosa "la importancia estratégica de este proyecto no solo para el futuro de la compañía y sus casi 500 trabajadores, sino también para el proceso de reactivación y transición justa de las comarcas mineras. El proyecto de transformación de La Pereda implica una inversión de más de 55 millones de euros y la creación de numerosos empleos directos (gestión de la propia central y sector forestal) y una apuesta decidida por este sector forestal en Asturias".

CC OO y del SOMA-FITAG-UGT temen el fallo del TSJA pueda ser una excusa para que la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) deje caer a Hunosa. El grave contratiempo jurídico en La Pereda llega cuando está sin cerrar el nuevo plan de empresa de Hunosa, cuya negociación lleva meses pendiente de avances. El accionista universal de la compañía ha dado muestra a lo largo de los últimos años de estar desencantado con los resultados de una compañía que por naturaleza es deficitaria debido a los gastos que genera el mantenimiento de pozos cerrados, las restauraciones ambientales, la gestión de prejubilaciones y su contribución en general al sostenimiento económico de los viejos valles mineros.

Los sindicatos CC OO y SOMA-FITAG-UGT condicionan la firma del nuevo Plan de Empresa de Hunosa a una solución clara para la térmica de La Pereda. Consideran que el proyecto es la “columna vertebral” del futuro industrial y energético de la compañía y rechazan cerrar cualquier acuerdo mientras no exista un calendario, garantías jurídicas y una hoja de ruta definida por la SEPI. Denuncian falta de información y advierten de que la plantilla no puede seguir en la incertidumbre. Si no hay avances verificables a corto plazo, no descartan movilizaciones.

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De momento, el Principado no ha hecho más que subrayar públicamente que la trasformación de la térmica de Mieres “es vital para el futuro de Hunosa y de las Cuencas mineras”. Así lo ha sostenido el presidente del Principado, Adrián Barbón, un pronunciamiento que para los sindicatos es claramente insuficiente a estas alturas.

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