Y el PSOE de Barbón se quedó solo: Cerredo agota la vía política aprobando el dictamen que apunta a exconsejeros y funcionarios por sus responsabilidades en el control de la mina

La oposición en bloque y los socios de gobierno de IU aprueban el documento y defienden que "no nos compete atribuir responsabilidades penales, porque para eso están los tribunales, pero sí determinar responsabilidades políticas"

René Suárez (PSOE) insistió en que el texto “adolece de un vicio de origen insubsanable” para justificar el voto socialista en contra

Los diputados de la derecha aplauden, en pie, la aprobación del dictamen. / Eloy Alonso

Fue un cierre sin sorpresas. La investigación parlamentaria del accidente minero de Cerredo, en el que perdieron la vida cinco trabajadores, culminó este miércoles con la aprobación del dictamen de la comisión. Solo el PSOE votó en contra de un acuerdo que mantiene el señalamiento a excargos públicos: los exconsejeros socialistas Belarmina Díaz (ya dimitida tras el siniestro), Enrique Fernández (actual presidente de Hunosa) y Nieves Roqueñí (actual presidenta de El Musel), así como al exviceconsejero Isaac Pola. Igualmente, el dictamen señala a tres funcionarios del Servicio de Minas.

La presidenta de la comisión, Covadonga Tomé, abrió el debate con un recuerdo a las víctimas y a los supervivientes. “Entre agosto de 2022 y marzo de 2025, seis mineros no sobrevivieron y cinco resultaron gravemente heridos”, señaló, en referencia tanto al siniestro de 2025 como al accidente mortal registrado en 2022 en la misma explotación. Tomé defendió que el dictamen responde a una deuda con “sus familias y las comarcas mineras” y advirtió contra la tentación de convertir el debate en “un enredo entre izquierda y derecha”.

El texto aprobado concluye que la causa inmediata y directa del siniestro fue la realización de labores extractivas clandestinas en condiciones incompatibles con la seguridad minera. Pero también sostiene que, aunque la Administración minera no causó directamente el accidente, incurrió en fallos de control, supervisión, inspección y coherencia en las autorizaciones que favorecieron un contexto de riesgo no corregido.

La oposición defendió que esa era precisamente la función de la comisión: no sustituir a los jueces, sino fijar responsabilidades políticas.........

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