El pasado 1 de junio, México eligió por primera vez en su historia a los nuevos miembros del Poder Judicial. Este hecho inédito se deriva de la Reforma al Poder Judicial aprobada en septiembre de 2024, promovida por el anterior presidente, Andrés Manuel López Obrador, como parte de su agenda de transformación política para la regeneración democrática, el proceso conocido como 4ª Transformación (4T).

En un país que registraba unos niveles de impunidad que algunos investigadores cifraban en un 99%; donde los salarios de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) eran de una obscenidad insultante en una sociedad que tenía más del 80% de su población bajo líneas de pobreza; y la discrecionalidad y corrupción de jueces y magistrados, así como su nepotismo en las altas esferas, era un hecho; la reforma judicial fue presentada como un avance para poner freno a los desmanes de un poder elitista. Su apoyo popular fue mayoritario, aunque en nuestros medios y en nuestra academia prácticamente sólo se haya escuchado a los analistas liberales preocupados por la vulneración a la división de poderes y el Estado de Derecho que iba a suponer dicha reforma, curiosamente, dos elementos bastante ausentes en México hasta el inicio de la 4T.

Esta misma visión negativa se ha trasladado a las elecciones al Poder Judicial, presentándola como una anomalía incompatible con la democracia liberal, aunque votar a los jueces sea una práctica que se da también en algunos estados de EE.UU. Sin embargo, a diferencia de EE.UU., en el caso de México la reforma somete a este poder del Estado a la voluntad popular en distintos niveles y ámbitos: desde la SCJN hasta los jueces y juezas de distrito, pasando por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), el Tribunal de Disciplina Judicial o los tribunales de las distintas entidades federativas que componen la República Mexicana. La cantidad de cargos a elegir en las pasadas elecciones, y la demora en el proceso de votación derivada de ello, ha sido uno de los elementos destacados también para criticar esta novedosa iniciativa que, no obstante, tiene otro antecedente en la región, el caso de Bolivia.

Por otra parte, quienes están en contra de que los jueces y juezas se sometan a elecciones ciudadanas arguyen que la gente no tiene conocimientos suficientes para evaluar los currículums de los candidatos, que se puede caer en un populismo que desvirtúe los criterios técnicos que deberían considerarse en la selección o que esta elección comporta una politización del Poder Judicial que puede derivar en un populismo judicial, es decir, que el Poder Judicial acabe........

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