Desde que a inicios de septiembre EEUU anunciara el bombardeo de una presunta narcolancha venezolana en aguas del Caribe, los ataques contra pequeñas embarcaciones se han sucedido y extendido hasta el Pacífico. Hasta el momento, son diez las barcazas atacadas por fuerzas estadounidenses con un saldo de 57 personas asesinadas de manera extrajudicial. Las víctimas son venezolanas, ecuatorianas, colombianas y trinitenses, algunas de ellas pescadores que habían salido a faenar en aguas territoriales, según relatan sus familiares.

Sin embargo, el secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, se refiere constantemente a las víctimas como narcoterroristas, sin aportar pruebas, y asegura que los ataques cinéticos de su fuerza armada se han producido en aguas internacionales. En su mensaje del 28 de octubre en las redes sociales, en el que anunciaba el último bombardeo, “bajo la dirección del presidente Trump”, Hegseth llega a afirmar que “estos narcoterroristas han matado a más estadounidenses que Al Qaeda y recibirán el mismo trato”.

Estas dos referencias son relevantes. Primero, porque mencionar el comando de Donald Trump detrás de los ataques establece una cadena de mando y una eventual responsabilidad penal frente a unos asesinatos extrajudiciales que podrían ser llevados ante la Corte Penal Internacional (CPI). Este escenario es improbable porque EEUU, después de haber firmado a regañadientes el Estatuto de Roma –instrumento que da lugar a la creación de la CPI– en diciembre de 2000 con la administración Clinton, decidió un mes después de su entrada en vigor, en junio de 2002, retirar su firma ya bajo el gobierno de George W. Bush. Sin embargo, como apunta el jurista ecuatoriano Jorge Paladines, los crímenes sí podrían ser perseguidos por la justicia de los países de las víctimas o por las cortes civiles y militares estadounidenses.

Segundo, el paralelismo con Al Qaeda no es casual. Además de retirar su firma del Estatuto de Roma, EEUU decidió blindar a sus funcionarios para que no pudieran ser procesados nunca por la CPI con una Ley de Protección del Personal de Servicio Estadounidense –ASPA por sus siglas en inglés– aprobada por el Senado en octubre de 2001, semanas después de los atentados del 11 de septiembre. La ASPA fue presentada por el senador republicano Jesse Helms bajo el argumento de que EEUU no podía permitir que sus tropas y oficiales fueran a ser juzgados por “una Corte ilegítima donde Estados Unidos no tiene veto” pues, siguiendo su lógica, nada podía interferir esta máxima: “El pueblo americano, el Gobierno americano y Dios; nada entre Dios y el Gobierno americano”.

La lucha global contra el terrorismo de EEUU después del 11-S supuso un punto de inflexión a escala interna e........

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