Es un contrasentido, no sólo en términos de impactos medioambientales, sino también de soberanía jurídica, el abrir la fracturación hidráulica (mejor conocida como fracking) a proyectos público-privados. El uso de “nuevas tecnologías”, obviamente de empresas extranjeras, para fortalecer la “soberanía energética” resulta un oxímoron. 

Hay que tener en cuenta que el T-MEC (capítulo 14 de inversiones, anexos D y E) somete a México a demandas por parte de empresas estadunidenses del sector de hidrocarburos (petróleo y gas). Con cualquier concesión o contrato para operar plataformas de perforación, el gobierno de México quedaría expuesto a más demandas, además de las más de 20 pendientes por miles de millones de dólares que ya tiene. 

El sector de combustibles fósiles es el que más utiliza a nivel global el sistema de arbitraje inversionista-Estado (ISDS, por sus siglas en inglés). Hasta ahora se han interpuesto 93 demandas por parte de empresas extractivas de petróleo y de gas en tribunales supranacionales; mayoritariamente en el CIADI del Banco Mundial. Además, en el sector terciario (de servicios) se han interpuesto 255 demandas por parte de empresas de electricidad, de gas, vapor y aire acondicionad, según el UNCTAD Investment Policy Hub. 

El hacer cumplir los supuestos de que las “nuevas tecnologías” no tengan impactos adversos podría ameritar demandas si se afectan las ganancias esperadas de las empresas. Aunque se pretenda que las “nuevas tecnologías” puedan reducir los impactos adversos del fracking,........

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