Abundan hoy voces que, en tono fúnebre, dan por concluido el proceso de democratización mexicano. Sea en portadas de revistas (Nexos, Letras Libres), libros que plañen supuestas dictaduras o mesas de análisis político son frecuentes las expresiones donde se plantea que se vive una erosión democrática, cuando no una regresión autoritaria. 

Detrás de esa alarma subyace un consenso sobre cómo fue el proceso de democratización mexicano, ese que se arraiga, entre otras cuestiones, en la reforma que institucionalizó un mejor pluralismo en 1976-1977, de a poco construyó mejor equidad en contiendas y, tras 1988, afianzó una autoridad electoral autónoma; proceso que derivó, a partir de 1997 y con cada vez menos taras, en más certidumbre en las reglas de competencia e incertidumbre en sus resultados, como mandata la democracia. 

Sostener esta versión de la historia de la transición y simpatizar con sus instituciones resultantes es válido. Lo que no lo parece tanto es considerar a esa perspectiva como única o sacralizar a tal grado sus componentes que se asuma, con más puritanismo que realismo, que éstos “no se tocan”, como se coreó sobre el INE en 2022. Con ello, más que una explicación histórica, parece que se blande un evangelio que, como tal, demoniza lo que escapa a su seno. 

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