Hace más de diez años fui a hacer una gestión a mi ayuntamiento. Era en pleno puente de agosto: el de la Asunción de la Virgen. Delante había dos inmigrantes que preguntaron qué había que hacer para empadronarse. «Tener contrato de alquiler y pasaporte en vigor», respondió la funcionaria que estaba en el mostrador.

Cuando me tocó mi turno —iba simplemente a entregar una instancia— miró al cielo en plan: «No te puedes imaginar los que vienen». Nos conocíamos de vista. Habíamos intercambiado alguna vez un saludo.

Enseguida me hice una pregunta: si a mediados de agosto, en apenas un minuto, un par de personas preguntaban para empadronarse… ¿cuántas personas lo hacen a lo largo del año? Entonces no lo supe, pero me hice un firme partidario de lo que ahora se denomina «prioridad nacional» y que ha puesto de moda VOX.

No lo he entendido nunca. ¿Por qué los ayuntamientos tienen que empadronar a gente que ha entrado ilegalmente en el país? ¿Acaso las corporaciones municipales no forman parte del Estado? ¿No son una Administración pública? En 2010, el Ayuntamiento de Vic........

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