Cello Latini Pfeil & Bruno Latini Pfeil / revista trans-libertária

Comenzamos con una breve contextualización.

El 10 de mayo de 2024, el gobierno peruano publicó el decreto supremo n.º 009-2024-SA, que patologiza las identidades trans bajo la justificación de que asociar la transexualidad con patologías relativas a la salud mental podría hacer más accesible la atención médica. Este decreto reconsidera la definición de «transexualismo» tal como constaba en la décima versión de la Clasificación Internacional de Enfermedades —vigente hasta 2022— e ignora la undécima versión de la clasificación, que emplea actualmente el término «incongruencia de género». Unos 20 días después, hubo una protesta frente al Ministerio de Salud peruano, con el lema «¡Nada que curar!», que recorrió las calles hasta el Palacio de Justicia.

En ese período, alarmados por la noticia de que nuestros compañeros peruanos estaban en riesgo de perder su acceso básico a la salud, conversamos casualmente con una militante anarquista cisgénero y blanca que nos era cercana y nos cuestionamos sobre el silencio compartido por la militancia ante la situación que ocurría en Perú. Evidentemente, no adoptamos una postura de exigencia, sino de reflexión, pues ese silencio era perceptible no solo frente a las transfobias en otros lugares, sino también en nuestro propio territorio. Para nuestra sorpresa, ella nos cuestionó de inmediato: «¿Pero cómo nos afecta eso a nosotros?».

Casi un año después, en mayo de 2025, el Consejo Federal de Medicina brasileño publicó la resolución 2427/25. Esta resolución, que ya no está en vigor tras las acciones judiciales de organizaciones trans, prohibía las cirugías de afirmación de género para menores de 21 años, exigía un mínimo de un año de seguimiento psiquiátrico para toda persona trans que deseara hormonarse, y obstaculizaba el acceso a servicios de salud especializados para personas trans menores de 18 años. Ese mismo mes, el movimiento trans organizado salió a las calles. Esta resolución significó un grave retroceso en relación con las recientes conquistas de políticas públicas para la comunidad trans en el país.

Incluso después de las reacciones judiciales contrarias a la resolución, sus impactos son fuertes en la atención sanitaria. Los servicios de salud pública brasileños han estado difundiendo información que no se corresponde con la resolución, que de por sí ya es transfóbica, y están actuando de manera arbitraria e inconsistente. Algunos ambulatorios trans han vuelto a solicitar seguimiento psicológico, además del psiquiátrico, durante al menos 1 año para que la persona trans pueda iniciar la terapia hormonal. Esto es arbitrario incluso según las normativas de la propia resolución. En ningún apartado de la resolución consta la solicitud de seguimiento psicológico. El artículo que trata sobre el seguimiento previo a la terapia hormonal es el siguiente:

«Art. 6º, §3º: El paciente que opte por la terapia hormonal cruzada deberá: I – iniciar una evaluación médica, con énfasis en el seguimiento psiquiátrico y endocrinológico por, como mínimo, 1 (un) año antes del inicio de la terapia hormonal, conforme al PTS».

Lo mismo ocurre con los procedimientos quirúrgicos:

«Art. 7º §2º: Los procedimientos quirúrgicos de afirmación de género previstos en esta Resolución solo podrán realizarse tras un seguimiento previo de, como mínimo, 1 (un) año por un equipo médico, conforme al PTS».

Aunque la resolución nunca se aplicó a personas que ya estuvieran en tratamiento hormonal, como consta en el artículo 10 —«Art. 10: Las disposiciones de esta Resolución no se aplican a personas que ya estén en uso de terapia hormonal o bloqueadores de la pubertad»—, hemos sido testigos de cómo los ambulatorios trans impiden que personas trans que ya están en terapia hormonal continúen sus seguimientos endocrinológicos.

Frente a esta situación que entrelaza los poderes biomédicos, del Estado y del capital, pretendemos, en este breve ensayo, analizar los impactos de la resolución transfóbica y demostrar que nuestras luchas deben ser internacionalistas, jamás aisladas. Escribimos desde perspectivas trans-anarquistas, que entendemos como algo transversal que no se cierra en argumentos definidos; como algo que rechaza la inclinación a la autopreservación y al conservadurismo típico de los Estados y de la política partidista. Al igual que Elis Herman, no pensamos en un anarquismo queer, sino en un anarquismo queerizado; no pensamos en un anarquismo trans, sino en un trans-anarquismo: el guion, para nosotros, cumple la función fundamental de construir puentes en lugar de adjetivar un sustantivo. El anarquismo no se reduce a un sistema de oposiciones, sino que se amplía a una mirada sobre la sociedad que comprende su potencial transformador. Sin embargo, encontramos una inclinación a la autopreservación y al conservadurismo en organizaciones anarquistas, una tendencia que se ha hecho evidente desde que se publicó la resolución del Consejo Federal de Medicina.

Consideramos peligrosa toda tendencia a la autopreservación. Emma Goldman la percibía como fundamental para el mantenimiento del poder estatal. El Estado no solo aspira a autopreservarse, sino también a perpetuar y ampliar su poder. Su fuerza está directamente vinculada a su intolerancia hacia otras fuerzas que lo amenacen. El conservadurismo gubernamental proviene en gran medida de su temor a la individualidad, no entendida como la pretensión de desvincularse de lo colectivo o de aislarse, sino, en palabras de Goldman (2007, p. 31), como «la conciencia del individuo de ser lo que es, y de vivir esa diferencia». Si las vidas trans implican al menos alguna experiencia de transformación, de prefiguración, y siendo la prefiguración algo constitutivo de la praxis libertaria, entonces ¿cómo podemos responder a ese conservadurismo en el seno de las organizaciones anarquistas, expresado, por ejemplo, en la pregunta de la mencionada militante cis blanca: «Y, ¿cómo nos afecta eso a nosotros?»?

Las citadas contradicciones en torno a la resolución 2427/25, que revelan la convergencia entre el Estado, la industria farmacéutica y el régimen político cisheterosexual, demuestran la fragilidad de lo que consideramos «conquistas» de los movimientos trans organizados, y denuncian cómo la transfobia sobrepasa el ámbito institucional: si se limitara a él, las acciones de los servicios de salud dirigidos a nuestra población seguirían al pie de la letra dicha resolución. Sin embargo, la arbitrariedad y la inconsistencia denunciadas en los relatos a los que tuvimos acceso denotan cómo tal resolución solo dio paso a olas de violencia ya presentes en los escenarios institucionales de salud. Quizás podamos considerar la persistencia de la Triple Alianza que Kropotkin (2000) identificó en relación con el Estado, sostenido por alianzas entre la Iglesia, el militarismo y el sistema judicial. En relación con las identidades trans, el cis-tema judicial se alía con el Consejo Federal de Medicina y la industria farmacéutica, que transforman nuestras necesidades de salud en un objeto de control.

Los servicios de salud especializados para personas trans, a los que Alex Barksdale se refiere como atención de afirmación de género, han visto su precarización exacerbada desde la entrada en vigor de la resolución. No es posible, por tanto, reducir la transfobia a un ámbito institucional, puesto que la transfobia va más allá de su institucionalidad, pudiendo ser reproducida incluso en el seno de organizaciones libertarias.

Escribimos en un tono [siempre auto]crítico, no en respuesta a un colectivo en particular, sino como algo que pensamos en nuestra lucha cotidiana. El anarquismo, como escribió Tomás Ibáñez, es movimiento. Es, por lo tanto, metamorfosis. Algo que se mantiene en un continuo cuestionamiento........

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