El Líbano vuelve a ser escenario de una catástrofe anunciada. Más de un millón de personas han sido expulsadas de sus hogares en cuestión de semanas bajo una campaña de bombardeos que profundiza una lógica de castigo colectivo que ya dejó su huella en Gaza. Según datos de Naciones Unidas, una de cada cinco personas en el país ha tenido que huir, en un territorio exhausto tras años de crisis económica, colapso institucional y guerras encadenadas.

Bajo la lluvia, miles de familias sobreviven en campamentos improvisados en Beirut, convertida en refugio precario y, al mismo tiempo, en objetivo militar. Los ataques no quieren distinguir entre líneas de frente y barrios civiles: edificios residenciales, infraestructuras básicas y zonas densamente pobladas han sido alcanzadas de forma reiterada tal y como hicieron en la Franja de Gaza. En una de las jornadas más intensas, los bombardeos dejaron más de una veintena de muertos y decenas de heridos, ampliando una lista de víctimas que no deja de crecer.

El avance militar israelí hacia el sur y el este del país está vaciando regiones enteras, mientras se anuncia la posible destrucción de puentes y vías de conexión que podrían dejar a miles de personas atrapadas sin salida. Bajo el argumento de golpear a Hezbolá, la ofensiva está teniendo un impacto directo y masivo sobre la población civil, repitiendo patrones que la comunidad internacional ya ha denunciado en otros escenarios recientes.

Las cifras son contundentes: al menos 1.025 personas muertas y más de 2.700 heridas desde el 2 de marzo, según el Ministerio de Sanidad libanés. Entre ellas, centenares de menores y mujeres. También el sistema sanitario está siendo golpeado: decenas de profesionales de la salud han muerto o resultado heridos, debilitando aún más la capacidad de respuesta en medio de la emergencia.

La crisis ha traspasado fronteras. Más de 125.000 personas han huido hacia Siria, más de la mitad menores de edad, según la Organización Internacional para las Migraciones. El desplazamiento masivo, tanto interno como externo, revela una realidad inapelable: no hay lugares seguros.

La magnitud del daño sobre la población civil y la destrucción de infraestructuras esenciales apuntan a una estrategia que excede cualquier objetivo militar declarado.

Desde Naciones Unidas se ha advertido que los ataques contra civiles, desplazados y personal sanitario podrían constituir crímenes de guerra. Y, sin embargo, la respuesta internacional vuelve a moverse entre la tibieza diplomática y la inacción efectiva, mientras sobre el terreno se multiplican las víctimas.

El Líbano, una vez más, paga el precio de una guerra que no ha elegido. Como ocurrió en Gaza, la población civil queda atrapada entre intereses geopolíticos que la superan, convertida en rehén de estrategias militares que se legitiman en nombre de la seguridad, pero que en la práctica generan más destrucción, más desplazamiento y más muerte.

Mientras se prolongan estos ataques criminales,  el coste humano sigue aumentando en silencio, entre ruinas, desplazamientos forzados y vidas suspendidas. Porque cuando una de cada cinco personas tiene que huir de su casa, ya no estamos ante un conflicto más, sino ante una crisis que interpela directamente a la legalidad internacional y a la responsabilidad política global.

Imagen de portada: Recorte de vídeo de Almayadeen sobre población desplazada de El Líbano

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