En 2017, en Portugal había 400.000 extranjeros y la extrema derecha era casi inexistente. Ocho años después, alberga a cerca de 1,6 millones (el 15% de la población total) y la extrema derecha se ha impuesto como la segunda fuerza en el Parlamento. Atestiguada más o menos por toda Europa, la correlación entre el aumento de los flujos migratorios y el ascenso de las formaciones xenófobas parece casi algo automático (1). “El pueblo francés no quiere más inmigración”, deduce Marine Le Pen, antes de solicitar un referéndum. Pero ¿qué pregunta deberíamos plantear en él?

Volvamos a Portugal. En 2008, antes del reciente auge migratorio, el país, golpeado por la crisis financiera, se hallaba al borde de la bancarrota. A cambio de su ayuda, el Fondo Monetario Internacional y la Unión Europea exigieron reformas; Lisboa debía “modernizar” su economía, esto es: privatizar, recortar gastos públicos y desregular el mercado laboral. Había que ganar en competitividad con el fin de atraer a los inversores. Portugal se desvivió para recibir una inyección de dinero fresco. En 2009, creó el estatuto de........

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