Comisión de la verdad. Más enfrentamiento

La creación de una “comisión de la verdad” que investigue los actos contra los derechos humanos en la guerra civil y la dictadura, cuya presidencia ha recaído en el exjuez Garzón, resulta, aunque la misma tenga su origen en la llamada “ley de memoria democrática”, tan artificiosa e innecesaria, como elemento inútil por anacrónico, inservible y, desde ya, carente de legitimidad intelectual en los términos en los que se crea.

Llamar comisión de la verdad a un organismo, cuya inspiración está sometida a todas las limitaciones humanas, es tan pretencioso, como muestra de soberbia es pertenecer al mismo en la creencia de que de él surgirá la verdad incontestable de hechos de hace casi cien años, unos y medio siglo, otros. Un grupo de personas van a declarar la verdad, absoluta, imparcial, plena, irrebatible y ésta servirá para constituir un credo oficial preceptivo en escuelas, bibliotecas y leyes, siendo, a su vez, faro que ilumine para que los hechos analizados y las conclusiones allegadas impidan que vuelvan a repetirse en el futuro situaciones similares. Ni más, ni menos: el pasado ya lejano y el futuro en sus conclusiones.

Veinte personas no sólo van a resumir los miles de escritos e investigaciones que se han elaborado durante estos casi cien años, sino que van a sentar las bases para que nunca, jamás, se repitan unos hechos que solo viven en el imaginario colectivo, limitado por el interés en erigir una verdad oficial frente a las verdades que los historiadores, desde la humildad de la profesión de todo investigador, han ido elaborando.

Qué soberbia y que escaso sentido del ridículo es declararse capaz de decir la verdad, ni más ni menos que la verdad. La verdad, no tu verdad y vamos juntos a buscarla, la tuya guárdatela decía Machado. La verdad no es única, ni siquiera detectable aunque se halle, pues saber qué es la verdad es el primer obstáculo para conocerla aunque se tenga delante. La verdad oficial, estatal, no sólo nunca es la verdad, sino que es muestra autoritaria de sistemas que necesitan de una verdad a la que someten a sus súbditos y en la cual educan a los mismos; une verdad que busca legitimarse frente a los opuestos, a los que, a la par, deslegitima. La verdad es la suma de las múltiples verdades y cada cual puede concluir la suya conforme a su propia experiencia y sus análisis, incluso subjetivos y predeterminados. Tan verdad es una como la otra.

La duda es la base del pensamiento humano libre y la duda lleva a que la verdad, absoluta, sea inaccesible según Descartes. La verdad declarada, que excluye el pensamiento crítico, las opiniones diversas, la duda despejada, no es verdad, sino consecuencia de fines que la pervierten.

El franquismo declaró su verdad, que estudiaron algunas generaciones, plasmadas en las enciclopedias que todavía en los sesenta muchos utilizamos. La verdad era el resultado de la victoria. Una razón que justificaba, resumidamente, el fundamento de esa verdad oficial y establecida. La Transición renunció a elevar a la categoría de verdad unos hechos, si bien amparó la necesidad de reconocimiento de la pluralidad como base de la convivencia y concedió amparo a quienes padecieron durante muchos años represalias.

La ley de memoria democrática, término complejo de entender porque califica la memoria, parte de una verdad estatal que eleva a absolutas y ciertas, así como exculpa, conductas por el mero hecho de que eran selectivamente democráticas. Culpa e inculpa lo particular por partir de una consideración general que es falsa o no verdad plena. Víctimas y verdugos por razón de su ideología, no por sus conductas, lo que choca con el trato que se da a los miembros de ETA, más cercanos, para los que se pide olvido. Una contradicción que no encaja en el concepto de defensa de la democracia y en el carácter de víctima y verdugo. Una guerra civil no puede concluir una respuesta simple dada su crudeza y, especialmente, porque la II República no fue un modelo de democracia -ley de defensa de la república como ejemplo-, si se atiende a sus distintas etapas. No es imitable aquella época aunque algunos quieran recuperarla haciendo abstracción de sus resultados. Seguramente los que, junto a otros, los vencedores, hicieron méritos conjuntos para que fracasara un proyecto positivo. La trayectoria del PSOE de Largo Caballero explica muchas cosas y excluye esa simplificación de buenos y malos. Todos hicieron, con su intolerancia, méritos para lo que sucedió. Y ahí están Ortega, Unamuno y el propio Azaña para acreditarlo.

La comisión de la verdad, ampulosa creación gubernamental, no tendrá efecto alguno en la sociedad, ni en la literatura. Ni siquiera podrá causar efectos en las leyes penales por mucho que se empeñen. Las libertades constitucionales lo impiden y la duda, el libre pensamiento, abrirá la puerta a seguir con investigaciones y opiniones desde distintas perspectivas. Esa es la grandeza de la democracia y el placer de leer cosas diferentes que no sólo no superan la duda, sino que la fortalecen y abren la puerta a la verdad, inaccesible, pero cada vez más cercana cuando el ámbito de su conformación es mayor. Una verdad que es personal, nunca colectiva. Una verdad relativa, nunca absoluta. La libertad de construir una verdad personal y vivirla en una sociedad democrática es incompatible con las verdades impuestas y dogmáticas.

Han pasado cien años y las heridas personales están cerradas. Solo quedan las ideológicas que en sí mismas no pueden justificar una versión absoluta que nos lleve al punto de partida, a la reiteración de las dos Españas que tantos frutos concede a quienes la siembran.

En recuerdo de los que sufrieron vale la pena dejar a los estudiosos que nos enseñen y que no sean otros los que nos muestren sus anhelos, que no sus resultados científicos. Y vista la comisión y su conformación cabe esperar más leña al fuego. El mismo que promovería otro gobierno si imitara a estos. Y dada la trayectoria que estamos recorriendo, es posible que eso suceda para desgracia de todos.

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