Aforamientos. Una reforma obligada y necesaria. / Germán Caballero

El problema procesal, estrictamente procesal, generado en el asunto de Mazón tiene su origen en la inactividad de un legislador, el español, propenso a mantenerse pasivo ante situaciones que exigen regulaciones legales que obvia cuando la jurisprudencia crea exigencias no solo no previstas en la ley, sino, en muchos casos, contrarias a ella.

En materia de aforamientos y reglas especiales de competencia, establecen la Constitución, las leyes y los Estatutos de Autonomía, tribunales competentes que no coinciden con los ordinariamente establecidos para el resto de ciudadanos: el Tribunal Supremo y los Tribunales Superiores de Justicia.

Si la ley procesal común se aplicara a estos casos, cuando se dedujera ante los tribunales competentes por razón de la excepción denuncia o querella, ésta sería admitida directamente si coincidiera en el caso una imputación valorada como se hace conforme a la ley o, si el asunto proviniera de otro tribunal, lo admitiría o rechazaría si no existieran tales indicios, sin exigir mayores elementos cuantitativos que los normales o el hecho no fuera delictivo. Y, si entendiera que no concurren los mismos, inadmitiría su competencia lisa y llanamente, sin más precisiones o requisitos que los comunes.

Unas denuncia o querella puede ser inadmitida o desestimada si no existen indicios de criminalidad o el hecho no es delictivo, conforme establecen los arts. 269 y 312 y 313 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Si estos medios se interponen directamente ante el TS o el TSJ, éste, tras admitir el asunto a trámite, puede archivarlo desestimándolos. Si es un tribunal inferior el que lo eleva, previa Exposición Razonada, el superior y competente, puede igualmente desestimarlo, pero previamente ha de declararse competente, pues ningún tribunal puede archivar aquello en lo que no es competente........

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