Recientemente (28 y 29 de mayo) en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, la Academia Boliviana de Derecho Penal Económico y Empresarial junto con el Foro Latinoamericano de Delitos Económicos (FLADE), ambas instituciones, llevaron a cabo, el Congreso Internacional de Derecho Penal Económico y Lavado de Activos en la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (UAGRM), donde estuvimos presentes varios destacados exponentes nacionales e internacionales. En dicha oportunidad, mi disertación fue enfocada sobre delitos de corrupción empresarial, responsabilidad penal y compliance, habiendo sido entrevistado por el decano de la prensa nacional (El Diario), donde conversamos sobre el delito de corrupción en Bolivia.

En lo que respecta a la corrupción, es un mal antiguo, tan antiguo como el ser humano, que implica y se origina, por la pérdida del sentido de Integridad, no sólo desde una perspectiva moral sino de completitud y de inclusión.

Las personas son corruptas, cuando empieza a excluir a los demás y sólo piensan en sí mismos y en los suyos (Ej.: sólo y únicamente piensa en él, sus propios hijos y su descendencia). No busca la integridad, no busca la completitud, en verdad, no les importa, el resto.

Por eso, el individualismo egoísta está íntimamente ligado con la corrupción. El corrupto tiene la actitud centrada en el propio interés de manera deshonesta. Esta inclinación de anteponer los propios intereses a los de los demás, puede manifestarse en diversas formas, desde la falta de consideración, el enriquecimiento en base a la mentira, el engaño hasta la manipulación o la explotación.

De allí que la corrupción de las personas encuentra su mayor expresión, cuando ésta ocupa algún cargo público o tiene poder. Esto, se debe a que su corrupción es más visible y, por ende, adquiere su propia corrupción una mayor expresión, se amplifica. Y a su vez, el daño es también enorme y transversal, pues la corrupción tiene además un gran impacto en los Derechos Humanos (por Ej.: caso Fondo Indígena).

Entonces, deberíamos tener más personas auténticamente decentes en los cargos públicos, pues si la persona no es corrupta y es integra, esa integridad encontrará también su mayor expresión, si obtiene algún poder público; por lo tanto, la verdadera lucha contra la corrupción empieza dentro de nosotros mismos, en cada persona.

Ahora bien, cuando hablamos de actos de corrupción, tenemos, por un lado, a la corrupción privada (esto es, entre particulares, orientado usualmente a delitos con consecuencias de afectación patrimonial, Ej.: estafas, apropiación indebida, falsedades con fines defraudatorios, etc.); y, por otro, tenemos, a la corrupción pública o corrupción en la actividad pública, que constituye abuso de poder, donde el daño son a los recursos económicos del Estado, y aquí puede ser cometidos por autoridades, servidores públicos; y, también particulares que relacionados con el sector público, causan daño económico al Estado; de allí que la corrupción es considerado un delito económico y comprende varias conductas delictivas como el cohecho, concusión, enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias, negociaciones incompatibles, uso indebido de bienes públicos, malversación y otras formas de aprovechamiento ilegítimo de la función pública.

Y, esta corrupción pública, se acrecienta aún más, cuando se encuentra en un ambiente propicio para su mayor putrefacción, como ser: a) la concentración de poder sin controles efectivos (cuando un servidor público posee amplias facultades discrecionales y existen débiles mecanismos de fiscalización, aumenta el riesgo de corrupción); b) debilidad institucional (la corrupción prospera cuando: los órganos de control son ineficaces, existe impunidad, los procesos disciplinarios son lentos, el sistema judicial carece de credibilidad e independencia y los mecanismos de transparencia son insuficientes); c) incentivos económicos perversos (cuando el beneficio esperado de un acto corrupto es mayor que la probabilidad y el costo de la sanción, algunos agentes consideran racional asumir el riesgo); d) anomia moral y corrupción institucionalizada (es decir, cultura organizacional atrofiada y permisiva, donde prácticas corruptas e irregulares son consideradas "normales", tales como: favorecer a allegados, cobrar comisiones indebidas, utilizar recursos públicos para fines particulares, contratar personal por afinidad política en lugar de mérito, entre muchas otras más conductas perniciosas normalizadas); e) captura política del Estado por redes de corrupción (se produce cuando grupos políticos, económicos o corporativos........

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