El mayor acto de irresponsabilidad de este desgobierno ha sido desnaturalizar a la Fuerza Pública, vaciarla de su esencia y debilitar su capacidad de acción. Mientras los grupos criminales avanzan, mientras el narcotráfico se fortalece y mientras el terrorismo revive en regiones enteras, el Estado ha preferido quitarle fuerza y presupuesto a quienes tienen la obligación constitucional de defendernos. Esa decisión no es un error técnico, es un crimen político contra Colombia.

Las Fuerzas Armadas han sido, durante décadas, el escudo defensor de los colombianos frente al terrorismo y el crimen. Nuestros héroes, hombres y mujeres de honor, se echaron al hombro el dolor de un país azotado por la violencia y evitaron que la democracia cayera bajo el fuego del narcoterrorismo. Pero hoy ese escudo está agrietado, no por la cobardía de sus miembros, sino por la mezquindad del primer gobierno de izquierda que, sin reparos, ha decidido deliberadamente debilitarlo.

Los datos que desnudan la magnitud de esta traición son brutales. El Ejército Nacional pidió 22 billones de pesos para 2025 y el gobierno solo le entregó 12. A la Policía le recortaron más de 8 billones, a la Armada 1,6 y a la Fuerza Aeroespacial otros 2. La realidad es que de los más de 50 billones que las Fuerzas Armadas........

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