La decisión del Gobierno de proceder a la regularización de medio millón de inmigrantes (cifra que algunos elevan hasta 1,3 millones) que se encuentran en España en situación irregular (los inmigrantes pueden ser indocumentados y/o estar en situación administrativa irregular, pero nunca pueden ser considerados ilegales, porque no hay ningún ser humano que lo sea) tiene unas enormes implicaciones de todo tipo: legales, económicas, sociales e incluso internacionales.

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