«El estado de paz debe, por tanto, ser instaurado». Kant («Sobre la paz perpetua»)

Antes que el derecho fue la fuerza. Mediante ella se resolvían los conflictos donde todavía no había derecho. En cierto modo, en la evolución de las comunidades primitivas, la guerra era un mecanismo de selección en favor de la más fuerte, la vencedora. Lo cual no significa que fuera realmente la mejor. En cualquier caso, la razón de la fuerza precedió a la fuerza de la razón. El derecho se decidía en el combate, no en el debate. En definitiva, la fuerza/guerra sustituía al derecho. De ahí viene que el símbolo más antiguo con el que se representaba el derecho en Roma fuese la espada o la lanza. Un ilustre romanista decía que «la fuerza física que salió para conquistar vuelve al hogar con la idea del derecho» (Ihering).

Pero la fuerza, que fue germen constitutivo en la formación del derecho, ya no lo abandonará. Porque, a diferencia de la ética, el derecho se hace acompañar de la coercibilidad, necesaria para asegurar el imperio de la ley. Pero debemos saber que la fuerza pasó, al cabo del tiempo, a ser objeto de regulación por el derecho. Consciente el hombre del valor destructivo de la fuerza como instrumento del poder, decidió que el derecho debía reglar la medida y racionalidad de su ejercicio por parte del poder político, esto es, definir quién puede hacer uso de ella, sobre quién y en qué medida puede hacerlo de manera legítima. Es el progreso, el avance de la civilización, lo que nos ha llevado a anteponer la razón a la fuerza. Es la razón la que nos educa para el trato – y el contrato-, para el pacto, que es el origen de la paz; pactum es participio de pacisci, «firmar un tratado», y proviene de la misma raíz que paz.

La contemplación actual de esa barbarie de guerras inicuas en las que la fuerza se hace valer al margen y en contra del derecho, e incluso se alardea de ello, nos retrotrae a niveles de salvaje primitivismo. Por ello, nos asombra y atemoriza la capacidad destructiva, no solo de determinados arsenales militares, sino de los sátrapas sin conciencia, por cuya causa vivimos peligrosamente y bajo constante amenaza.

Diríase que la vocación belicista del hombre es incontenible. Ya en su día resultó ineficaz el Pacto Kellogg-Briand (París, 1928), suscrito, entre otros países, por EE UU, en cuya virtud los signatarios se comprometían a no usar la guerra como forma de resolver las controversias internacionales; ello no obstante, y pese a su relevancia jurídica, no sirvió para evitar la Segunda Guerra Mundial. Pero resulta también ignorado el art. 2.4 de la Carta de las Naciones Unidas, a cuyo tenor los Miembros de la Organización, en sus relaciones internacionales, se abstendrán de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado, o en cualquier otra forma incompatible con los Propósitos de las Naciones Unidas. Constantemente se viola el principio de derecho internacional del bellum iustum, guerra justa, principio que venía reconocido tanto en el Tratado de Versalles como en otros tratados de paz suscritos entre 1919 y 1920.

No recuerdo quien dijo que la tarea de traer la razón al mundo de hoy no es de la metafísica, sino de la ética. Y es que el examen de la evolución de la humanidad nos permite apreciar su profunda y dislocada asimetría; espectaculares resultan los avances en la ciencia, la técnica y el conocimiento, pero se producen interrupciones y retrocesos desoladores en el ámbito de la moralidad. Con logros extraordinarios, hemos explorado desde lo más intrincado de nuestro ADN hasta lugares remotísimos del universo que habitamos. Pero en lo moral no podemos ofrecer en modo alguno resultados tan impresionantes y halagüeños. Significativamente, en el tratado de Versalles, se acusaba a Guillermo II de Hohenzollern, ex emperador de Alemania, de agravio supremo contra «la moral internacional y la santidad de los tratados», donde se está queriendo decir derecho internacional.

Las guerras de Irak, Ucrania, Irán y tantas otras avergüenzan al género humano. Y bochornoso resulta que sean decididas y dirigidas por personas contra las que se han dictado órdenes de detención solicitadas por el Fiscal de la Corte Penal Internacional a causa de presuntos crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad.

En la Conferencia de la International Law Association celebrada en Estocolmo en 1924, sir Graham Bower afirmaba que no había nación alguna en el mundo que no hubiese violado las leyes de la guerra, ni ejército ni armada que no hubiera cometido crímenes de guerra. Lamentablemente, las palabras de entonces siguen teniendo hoy vigencia.

Tal vez tuviese razón Kant, quien, no confiando en la eficacia del derecho internacional, dada su precariedad, abogaba por un Estado mundial, una federación de Estados libres, a la que llamaba federación de la paz. En nuestros días, es Ferrajoli quien, para ponernos a cubierto de las muchas y diversas agresiones a la convivencia y asegurar la supervivencia de las personas, propugna una Constitución de la Tierra. Solo una constitución global, nos dice el pensador italiano, puede asegurar la supervivencia de la humanidad. Pero tengo para mí, que no vamos en esa dirección, sino en la contraria, en inquietante retroceso.

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