La delincuencia –hasta organizada en bandas– se está incrementando no obstante que presidentes, congresistas, ministros manifiestan que la “combaten”. Ello es cada día. Lo visible es la elocuente y cotidiana acción de nuestros policías. Los informativos periodísticos en diarios, radio y televisión dan a conocer cotidianos asaltos, robos, intimidaciones (hasta con explosivos) no solo a viandantes (hasta de niños y ancianos), sino a locales comerciales, empresariales, transporte y construcción. Cada día se cometen asesinatos, se destruyen (incendian) vehículos de transporte público. El sicariato pareciera indetenible, pues se incrementa al servicio de organizaciones criminales que hasta usan menores de edad para asesinar. El problema de la inseguridad debido al constante crecimiento delincuencial está generando no solamente el temor del vecindario, sino que está repercutiendo en la atracción de turistas que desearían venir al Perú a visitar nuestras ciudades y las incomparables ruinas arqueológicas, el patrimonio histórico, la biodiversidad en las regiones, la inigualable artesanía y la espectacular gastronomía, que son factores clave. Es frecuente que turistas –desde que arriban a aeropuertos– sean víctimas de delincuentes. La inseguridad ciudadana ha sobrevenido como un grave problema nacional. Todos deseamos vivir en paz y sin riesgos de ser agraviados por delincuentes. La defensa de la persona y sus derechos son el fin supremo de la sociedad y el Estado. Lo establecen los artículos 1° y 2° de la Constitución vigente. Por tanto, los poderes del Estado deben actuar idóneamente para dar seguridad a cada persona. Para el efecto, el Ejecutivo debe adoptar las medidas pertinentes y necesarias, el Legislativo expedir las normas legales (leyes), actualizar los códigos sustantivos y procesales y aprobar los presupuestos económicos indispensables para que las instituciones policiales fortalezcan su cotidiano combate a la criminalidad y, también, aprobar –en coordinación con el Poder Ejecutivo– los presupuestos económicos necesarios para edificar nuevos centros penitenciarios (que deben estar en las alturas andinas) y que los delincuentes detenidos y/o sentenciados deban obligatoriamente trabajar para su mantenimiento. En cada cárcel debe haber talleres y/o fábricas cuya mano de obra sean solamente detenidos y/o sentenciados. Esos locales se deben alquilar a empresas privadas. Tratándose del Poder Judicial y Ministerio Público, aprobarles nuevas leyes orgánicas en que se establezcan la responsabilidad personal de los magistrados fiscales y/o jueces que no cumplan con los plazos procesales para cada acción y/o procedimiento judicial o liberen indebidamente a delincuentes. Los electos en las elecciones generales (del 2026) para el Legislativo y Ejecutivo heredan el grave problema de la inseguridad ciudadana. Deben superarlo. Demostrar que tienen la capacidad e interés en hacerlo con severidad y objetividad. ¿Lo podrán hacer?

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