El Perú ha experimentado un explosivo aumento en denuncias por extorsión, versus el resto de países latinoamericanos. Lo dicen las estadísticas. El año 2021 hubo 4,119 denuncias, mientras el 2023 estas sumaron 19,401 (471 % más en dos años); y, en adelante, estas cifras debieran ser exponencialmente mayores, tan solo releyendo las noticias diarias. Peor todavía. Los hechos son cada día más sangrientos y mortíferos. Resulta ocioso comparar guarismos con lo que sucede con nuestros vecinos, porque los cómputos peruanos son extraordinariamente mayores. Lo que sí puede afirmarse es que, a nivel mundial, tres países —Perú, Ecuador y Colombia— lideran este delito; invadidos por bandas locales y transnacionales que operan tanto en zonas urbanas como rurales.
Las estrategias más efectivas para combatir la extorsión combinan: leyes severas, inteligencia policial y participación ciudadana. ¡Pero, absolutamente nada de esto tenemos en el Perú! Por el contrario, los códigos y las normas que se aplican acá respaldan al extorsionador........

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