Entre gallos y medianoche, Fuerza Popular se alista para intentar aprobar la ya bautizada “Ley San Martín”, una iniciativa que ampliaría hasta los 75 años la permanencia de los jueces supremos en el cargo. En el papel, se presenta como una reforma institucional. En la práctica, todo indica que tiene nombre propio: el juez César San Martín, recordado en el fujimorismo como el “verdugo” de Alberto Fujimori.

La contradicción es evidente. La bancada que nació reivindicando la figura de Fujimori y denunciando su condena como una injusticia histórica hoy estaría allanando el camino para prolongar en el cargo al magistrado que lo sentenció a 25 años de prisión por los casos Barrios Altos y La Cantuta. Si esto no es un quiebre interno, se le parece bastante.

Dentro del propio fujimorismo, el malestar es inocultable. Militantes y simpatizantes se preguntan qué les habrán ofrecido a algunos congresistas para empujar lo que llaman un “pacto infame”. Al mismo tiempo, parte de la bancada intenta justificar la iniciativa bajo el argumento de que no se legisla para una persona, sino para mejorar el sistema de justicia. Sin embargo, en política los tiempos y los beneficiarios concretos importan, y mucho.

No estamos ante una reforma largamente discutida, ni fruto de un consenso técnico. Se trata de un cambio súbito, que se pretende poner en agenda nuevamente el jueves o viernes, cuando la atención pública es menor. Esa forma de actuar —de espaldas al escrutinio ciudadano— refuerza la percepción de que la norma busca favorecer a alguien en particular y........

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