La inteligencia artificial (IA) ha dejado de ser una mera herramienta tecnológica para convertirse en un factor determinante en la manera en que las empresas planifican, se organizan y toman decisiones estratégicas. En el ámbito societario, su potencial plantea interrogantes importantes sobre su rol en el gobierno corporativo. La cuestión central no es si un algoritmo puede asumir el control de los órganos sociales, sino cómo puede utilizarse para apoyar la labor del Directorio y de la Junta General de Accionistas (JGA), fortaleciendo su capacidad de decisión y alineándose plenamente con las funciones que la Ley General de Sociedades (LGS) les asigna.
La LGS establece que los directores deben actuar con la diligencia de un ordenado comerciante y guardar reserva sobre la información que manejan (art. 171 LGS), además de ser leales a la sociedad en su conjunto y no solo a quienes los eligieron (art. 173 LGS). Así mismo, señala que no pueden adoptar acuerdos contrarios al interés social, lo que significa que todas sus decisiones deben orientarse al bienestar de la sociedad (art. 180 LGS). Estos deberes son indelegables y no pueden transferirse a un sistema tecnológico. Sin embargo, la ley no prohíbe en ningún extremo que las sociedades utilicen herramientas de inteligencia artificial como apoyo en sus procesos de análisis y deliberación. Por el contrario, lejos de contradecir el marco normativo, su aplicación refuerza las funciones del Directorio y de la JGA, al contribuir a que las decisiones se adopten de manera más informada, eficiente y transparente.
En este contexto, la vinculación de la IA con los deberes fiduciarios es un claro ejemplo de buen gobierno corporativo. La idea no es que la tecnología reemplace a los directores o a los accionistas, sino que se use para cumplir mejor con lo dispuesto en la LGS: que toda decisión esté orientada al bienestar de la sociedad. En el caso del deber de diligencia, la IA permite acceder a información más completa y actualizada, procesar grandes volúmenes de datos y dejar constancia de las decisiones, lo que ayuda a demostrar que se actuó con el cuidado que la ley exige. Y en lo que respecta al deber de lealtad, aunque los algoritmos no tienen intereses propios, es fundamental garantizar la transparencia y trazabilidad de los datos para evitar sesgos y conflictos, de manera que la tecnología refuerce la objetividad en beneficio de toda la........

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