En 2022 se realizó una Encuesta Nacional de Lectura en el Primer Encuentro Nacional “Por un  Perú que lee”. Su resultado: 47,3% de peruanos lee, por lo menos, 1 libro al año. Sé que algunos leemos más, y no solo libros. Se apreció también que, en el Perú, hay libros que se leen y otros que incomodan. “El otro sendero” (1986) y “El misterio del capital” (2000), ambos de Hernando de Soto, pertenecen a la segunda categoría. Contienen un diagnóstico de nuestra realidad al describir la economía peruana y también ofrecen alternativas de solución. De Soto fue claro al afirmar que el problema del Perú no es la pobreza, sino la exclusión jurídica. En “El otro sendero” se indica que la informalidad no es un delito, es un diagnóstico real. Recordemos que su publicación fue en 1986, en pleno auge del terrorismo, y se lanzó una tesis audaz: el verdadero “sendero” (parte de la denominación de un grupo armado) no era el violento, sino el informal. Millones de peruanos estaban fuera del sistema porque era inaccesible para ellos. El Instituto Libertad y Democracia, liderado por De Soto, demostró que formalizar un pequeño negocio podía tomar meses y costar más de lo que el propio emprendimiento generaba. Por ello, De Soto escribió: “La informalidad no es el resultado de una predisposición cultural hacia la ilegalidad, sino una respuesta racional a un sistema legal excluyente” (De Soto, 1986). El jurista y profesor alemán Peter Häberle sostuvo que la Constitución (la Ley de Leyes) es un “proceso abierto de la sociedad” y la legitimidad depende del reconocimiento social (Häberle, 2003). En este orden, una norma que no es asumida culturalmente por la sociedad pierde fuerza material, siendo que la legalidad sin legitimidad se vuelve formalismo puro, vacío y sin sustento. Catorce años después se amplió el diagnóstico en “El misterio del capital”, en el que se señala que: “El capital es la representación económica de la propiedad en un sistema formal de derechos” (De Soto, 2000). La tesis fue clara: los pobres no carecen de activos, carecen de títulos que les permitan convertir esos activos en capital productivo. En el Perú, la creación y fortalecimiento de COFOPRI permitió titular millones de predios. Sin embargo, Joseph Stiglitz indica que los derechos de propiedad, aunque fundamentales, no son condición suficiente para el desarrollo si no van acompañados de acceso efectivo a crédito, mercados y estabilidad institucional (Stiglitz, 2002). Los ministerios deben hacer propia la clave: la formalización no es un trámite más, es un pacto. Sin estabilidad política, seguridad jurídica y legitimidad institucional, ningún título convierte activos en capital sostenible. ¿Estamos dispuestos a completar la tarea?

*Maestro, abogado, docente universitario, consultor legal.

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