Un Congreso integrado por bancadas de partidos políticos cuyos líderes y congresistas están sometidos a investigaciones y procesos penales no tiene la capacidad moral para aprobar leyes de reforma de la administración de justicia, y evidencia una clara incompatibilidad ética para el avocamiento al debate de proyectos de ley que afecten la organización y funcionamiento del sistema judicial del país.
Hemos devenido en aceptar la imposición de que los congresistas puedan hacer cualquier cosa, incurrir en graves transgresiones éticas en el ejercicio de sus funciones, y aprueben leyes estando ética y legalmente impedidos de avocarse a legislar determinados asuntos por intereses propios, de sus líderes partidarios o de terceros, y que sean intocables, en una errónea interpretación del artículo 93 de la Constitución, el cual les garantiza el ejercicio........

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