Desde hace décadas, las autoridades que buscan investigar delitos y otros actos ilegales se han apoyado en la colaboración con particulares para obtener evidencia, corroborar versiones y localizar a personas y empresas.

Antes del crecimiento de las redes telefónicas móviles y del Internet –y mucho antes de la existencia de las plataformas digitales– a lo máximo que podían aspirar los investigadores de la autoridad era a obtener fotografías, videograbaciones y las famosas “sábanas” telefónicas que llevan el registro de llamadas entrantes y salientes de una línea telefónica.

Las funciones de los investigadores de delitos y actos ilegales son ahora mucho más sofisticadas y se presenta un catálogo inmenso de fuentes de datos e información.

Con estos avances, las legislaciones del mundo han evolucionado para proteger aspectos como la privacidad e imagen de las personas, así como sus datos personales y la información sobre las actividades y todo tipo de información que se almacena y procesa diariamente en bases de datos públicas y privadas.

En pleno 2025, en México estamos siendo testigos de la creación una base de datos con capacidades nunca antes establecidas por una ley, que es resultado de la combinación de una serie de nuevas leyes y reformas que establen nuevas entidades, facultades y obligaciones que llevan todas hacia un mismo camino: la mega base de datos.

Tal y como si se tratara de un sofisticado Caballo de Troya legislativo para crear la mega base de datos, de forma sincronizada y........

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