El Congreso de la Unión aprobó recientemente una serie de reformas para fortalecer a distintas dependencias del Estado mexicano con responsabilidades asociadas a la seguridad ciudadana, la investigación y la inteligencia. Las reformas reactivaron varios debates que han sido recurrentes en la opinión pública mexicana desde los años 90.

A fin de responder al creciente reto del crimen organizado, los gobiernos de Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador promovieron distintas políticas públicas y leyes para dotar al Estado mexicano de una policía de alcance nacional y de herramientas para investigar, prevenir y castigar el delito. Cada una de estas estrategias alcanzó distintos resultados —que escapan al alcance de esta columna— y desató debates sobre la pertinencia de esas decisiones para construir un México más seguro.

Hoy estamos ante un nuevo debate de esta naturaleza. Sobre todo, la opinión pública está discutiendo si vale la pena ceder algo de libertad y privacidad por mayor seguridad, y sobre si el viraje en la política de seguridad, emprendido por la presidenta Sheinbaum y el secretario García Harfuch, dará resultados.

Por iniciativa de la presidenta Sheinbaum, el Congreso aprobó la nueva Ley de la Guardia Nacional, la Ley del Sistema Nacional de Seguridad Pública y la Ley del Sistema Nacional de Inteligencia e Investigación para la Seguridad Pública. A ellas se sumaron la Ley General de Población, la Ley en Materia de Desaparición Forzada, la Ley en Materia........

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