La Sala Segunda del Tribunal Supremo ha dictado un fallo sin precedentes, condenando al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, a dos años de inhabilitación y a una multa de 7.200 euros por la comisión de un delito de revelación de secretos. Según el fallo, García Ortiz filtró a la prensa un correo electrónico confidencial en el que Alberto González Amador (pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso) confesaba haber cometido dos delitos fiscales.

El Supremo ordenó además indemnizar a González Amador con 10.000 euros por daños morales y absolvió a García Ortiz de los demás cargos formulados contra él. El fallo, del que se conocerán los fundamentos en los próximos días con la publicación de la sentencia, fue aprobado por mayoría de cinco magistrados frente a las dos magistradas que plantean voto particular, y cierra un proceso judicial inédito en España en el que por primera vez un fiscal general del Estado era juzgado penalmente.

La filtración de datos reservados por parte del fiscal general supone una grave vulneración de los principios de objetividad, imparcialidad y legalidad que rigen la actuación del Ministerio Fiscal. La preservación de la confidencialidad de un correo intercambiado entre la defensa y el fiscal en el curso de una negociación para lograr una sentencia de conformidad penal forma parte de los deberes de un fiscal y choca con su obligación de guardar secreto profesional. Desde la perspectiva ética, este caso ha puesto en entredicho -y se ha llevado........

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