No basta con atender las fricciones con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ni los hechos de violencia que se van presentando a manera de olas por todo el país. Hay un problema, también, que se ha venido agravando: un vacío legal, una anomía de facto que avanza sin hacer mucho ruido, pero que podría tener consecuencias trascendentales.

El problema es que se han emprendido una serie de reformas constitucionales que implican complejos reacomodos no sólo de los entramados jurídicos, sino también institucionales. Hay una sensación de que las modificaciones están debilitando las instituciones, cuando se esperaría un efecto contrario.

Un primer ejemplo, ineludible, tiene que ver con la desaparición del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, mejor conocido como el INAI. Se produce una situación muy compleja cuando sus funciones, en su calidad de organismo constitucional autónomo, deben trasladarse ahora a una secretaría de Estado, a la de Anticorrupción y Buen Gobierno.

Con el rediseño institucional se crea un órgano administrativo desconcentrado, adscrito a la referida secretaría, con el nombre de Transparencia para el Pueblo. Esto implica una pérdida enorme en cuanto a capacidades en razón de la naturaleza institucional de quien será responsable de garantizar el ejercicio del derecho de acceso a la........

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