Este primero de septiembre se instaló la nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación. Fuimos testigos de actos simbólicos, gusten o no, que acompañaron la renovación del máximo tribunal: ceremonias para “purificar” a la Corte y la entrega de “bastones de mando” a los ministros. Estas ceremonias, inéditas, representan un intento por reconocer, cuando menos en apariencia, la diversidad cultural del país y reconocer la cosmovisión indígena como parte del entramado nacional.

En México, hablar de justicia para los pueblos indígenas es enfrentarse a una paradoja. La Constitución reconoce la existencia de sus sistemas normativos, pero la realidad cotidiana refleja que millones de indígenas siguen excluidos del acceso efectivo a los tribunales. La discriminación estructural, las barreras lingüísticas, la falta de representación y la distancia geográfica son algunos de los factores que explican por qué, en pleno siglo XXI, la justicia aún no llega a los rincones donde habitan las comunidades indígenas.

La Suprema Corte es presidida por primera vez en más de siglo y medio por un jurista indígena, Hugo Aguilar Ortiz. Su nombramiento evoca inevitablemente la memoria de Benito Juárez, también indígena, quien encabezó la Corte en el siglo XIX. La pregunta es inevitable: ¿qué tan lejos........

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