En 2024, México volvió a comprobar —por enésima vez— que la violencia no solo tiene un impacto humano devastador, sino que también representa un costo económico gigantesco que limita el desarrollo del país y afecta directamente a empresas, gobiernos y ciudadanía.

El Índice de Paz México estima que el impacto económico de la violencia en 2024 alcanzó los 4.5 billones de pesos, equivalentes al 18% del PIB nacional. Esta cifra, aunque difícil de imaginar, refleja la suma de los costos directos e indirectos de los homicidios, delitos con violencia, miedo, pérdidas en productividad e inversión, consumo y gasto público reactivo.

Puesto en perspectiva, este costo es seis veces mayor que toda la inversión pública en salud y cinco veces mayor que la destinada a educación en el mismo año. En términos individuales, cada mexicano y mexicana asumió un costo promedio de 33,905 pesos a causa de la violencia, más de lo que gana mensualmente un trabajador promedio. La pregunta ya no es si la violencia afecta la economía, sino por qué seguimos apostando por estrategias que han fracasado.

A pesar de las cifras alarmantes, el gasto público en seguridad y justicia en México continúa rezagado respecto al contexto internacional. En 2024, el país destinó apenas el 0.7% de su PIB a estos rubros, menos de la mitad del promedio de América Latina (1.5%) y de la OCDE (1.7%). Y lo más grave: mientras el gasto en Fuerzas Armadas sigue en aumento cada año, la inversión en seguridad pública ha disminuido 30% y el gasto en el sistema........

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