En los últimos días, tres mujeres políticas mexicanas han protagonizado controversias que reabren un debate delicado, pero urgente: ¿hasta qué punto el argumento de “violencia política en razón de género” puede ser legítimo… y cuándo se convierte en un escudo para evadir la crítica?

La diputada Diana Karina Barreras, rebautizada por los cibernautas como “Dato Protegido”, obtuvo un fallo judicial a su favor contra una ciudadana que la acusó de nepotismo. La alcaldesa de Acapulco, Avelina López, ha sido severamente criticada por su gestión durante y después del huracán Otis. Y la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, mantiene enfrentamientos públicos con periodistas y opositores. Todas han coincidido en algo: se han dicho víctimas de violencia política de género cuando han sido cuestionadas o exhibidas por sus acciones.

Nadie discute que México ha sido un país históricamente machista, ni que la violencia contra las mujeres, especialmente en la política, ha existido y debe erradicarse. Pero cuando este derecho, ganado a pulso por las mujeres, se convierte en un argumento comodín........

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