Hace un par de semanas, el Inegi presentó la edición 2025 de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE). Con ello se cumplieron tres lustros de publicación ininterrumpida del instrumento más relevante para aproximarnos, desde la experiencia de la población, al tamaño real de la inseguridad en México y evaluar el desempeño de los gobiernos en la materia.

La ENVIPE es una herramienta aún más robusta para la toma de decisiones que las cifras de denuncias porque, aunque no está libre de sesgos, logra sortear uno de los problemas centrales de la estadística criminal en México: el subregistro. En particular, permite conocer el comportamiento de la victimización, la prevalencia delictiva, el costo del delito y la percepción de inseguridad. Dicho de otra forma, nos deja ver la magnitud del problema y sus consecuencias más inmediatas.

Sin embargo, a pesar de su enorme relevancia social, la ENVIPE 2025 pasó prácticamente inadvertida en la agenda pública nacional. Aquí recupero algunas de sus tendencias para intentar responder la pregunta que da título a esta columna.

La ENVIPE dimensiona la cantidad de víctimas del delito por cada 100,000 habitantes, tanto a nivel nacional como estatal. A lo largo de quince años se distinguen tres patrones claros.

1. Crisis histórica (2012–2018): durante este periodo se registraron tasas consistentemente superiores a 27........

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