La relación entre la iniciativa privada y los gobiernos de la autollamada cuarta transformación no ha sido tersa. Desde 2018, el discurso oficial ha retratado a los empresarios como beneficiarios de un modelo “neoliberal” que permitió el enriquecimiento de unos pocos —empresarios y políticos— a costa de la mayoría.

Por ello, los gobiernos de López Obrador y Claudia Sheinbaum han dedicado estos años a cambiar las reglas del juego. Han aprobado leyes para limitar la expansión de sectores estratégicos como el energético y el minero; renegociado contratos de abasto de energía con empresas que vendían a la CFE; reformulado acuerdos de hospitales y penales bajo esquemas APP; y rediseñado procesos de licitación, como los de compra de medicamentos.

En ese contexto, la banca parecía uno de los sectores más políticamente vulnerables. No solo por su alta rentabilidad —que proviene, en parte, del cobro de servicios y tasas de interés a millones de ciudadanos que votan por Morena—, sino también por la fuerte presencia de capital extranjero, especialmente español, en un momento en que la relación diplomática con España sigue, al menos oficialmente, en “pausa”. Atacar a la banca para beneficiar........

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