Son demasiadas las evidencias de que el crimen organizado ha ganado mucho terreno en nuestro país. Los casos de los miembros del Ejército y la Fuerza Aérea comprometidos en operaciones de narcotráfico son, probablemente, solo botones de muestra del proceso de penetración criminal de las instituciones. ¿Qué otras cosas están ocurriendo que ignoramos por completo? ¿Cómo no pensar que la insólita liberación de un sicario venezolano, imputado por asesinato, supone complicidades judiciales o carcelarias ya consolidadas?

Está a la vista que las empresas transnacionales del crimen supieron aprovechar las flaquezas de Chile en un terreno en el que, por largo tiempo, el sentir mayoritario de la población era que nuestro país no estaba amenazado por la criminalidad en gran escala, que casos como los de México, Colombia y otras naciones estaban lejos de nuestra realidad. Tal percepción es cosa del pasado. La experiencia de los últimos años, con secuestros, ajustes de cuentas entre bandas, asesinatos a la luz del día y otros crímenes, han modificado dramáticamente la situación.

Estamos ante un problema que afecta directamente a la seguridad nacional. El país ha llegado a un punto en el que, o enfrenta a este adversario con todas las fuerzas disponibles, o pronto será demasiado tarde, y el crimen organizado habrá reclutado jueces, policías, gendarmes, parlamentarios, militares, alcaldes, empresarios, periodistas, abogados, etc. para que sirvan sus intereses en las más diversas formas.

El Estado está amenazado vitalmente, y corresponde que el gobierno, el Congreso y el Poder Judicial asuman su responsabilidad. Ha sido enorme el perjuicio de no contar con un sistema de inteligencia y contrainteligencia digno de estos tiempos, y carecer de una política estatal........

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