El caso Sinaloa y las acusaciones contra 10 políticos mexicanos de asociación con el narcotráfico, hicieron que ayer el presidente Donald Trump registrara un incremento de tres puntos en su popularidad, según los trackings diarios de la Casa Blanca y medios estadounidenses. Lo que no logró el estrecho de Ormuz y su fallida guerra contra Irán, lo están haciendo las acciones contra la narcopolítica mexicana, por lo que ayer el gobierno de Estados Unidos anunció la liberación de una orden de arresto internacional en contra del gobernador Rubén Rocha Moya y el resto de los acusados, mientras que el Departamento de Justicia ordenó la confiscación de sus bienes.

Y mientras la presidenta Claudia Sheinbaum siguió repitiendo en sus giras del fin de semana su discurso demagógico que equipara la defensa de morenistas con la defensa del país y su soberanía, y el Congreso Nacional de Morena se desmarcaba de los “corruptos” pero ignoraba las acusaciones contra 10 de sus militantes en Sinaloa, fuentes de Washington confirman que el senador morenista Enrique Inzunza, quien ayer anunció que no pediría licencia a su cargo, estaría buscando, a través de sus abogados, negociar con el gobierno de Estados Unidos para convertirse en “testigo protegido”.

Pero como ese beneficio no lo puede obtener al estar ya acusado, y sólo se lo concederían “si entrega información de alguien por arriba de Rocha Moya”, el senador ha dicho a través de sus abogados que está dispuesto a cumplir con esa condición. Y por arriba del gobernador sinaloense, sólo estaría el expresidente López Obrador, lo que convertiría al legislador originario de Badiraguato, y de quien se dice en Culiacán que fue el principal operador del pacto con Los Chapitos, en una auténtica “bomba de fragmentación” para el partido Morena y para el gobierno de Sheinbaum.

Porque está más que claro que el régimen de la 4T busca ganar tiempo y se niega a detener y a entregar al gobernador ya con licencia, Rubén Rocha Moya, y al resto de los nueve acusados como colaboradores del Cártel de Sinaloa y aliados de la facción de “Los Chapitos”. Pero también es evidente que en Washington se les acabó la paciencia porque saben que la licencia en fast track otorgada a Rocha Moya para que se separara del cargo, al igual que al alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendivil, si bien deja a esos personajes sin el fuero constitucional que facilitaría su detención, también los libera para facilitar que se escondan o incluso para una posible fuga del país con la intención de que no puedan........

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