La Corte Constitucional decidió tutelar “el derecho al debido proceso” y “declarar que la Cámara de Representantes es la autoridad competente para asumir la investigación respecto de Gustavo Petro, en su calidad de presidente de la República, por las presuntas irregularidades en la financiación y presentación de informes de ingresos y gastos frente a las campañas de consulta interpartidista y presidenciales de primera y segunda vuelta del año 2022 de la coalición Pacto Histórico”.

Lo hizo con ponencia de Vladimir Fernández, cuya elección como magistrado está manchada por las confesiones de que se hizo con dineros del saqueo a la UNGRD y el soborno del presidente del Senado y de otros congresistas.

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