Con la Constitución de 1991 rige en Colombia un Estado Social de Derecho, donde la dignidad humana prevalece sobre cualquier cálculo de caja. Desde esa premisa, se observa con estupor y con cierto temor, la noticia que ha generado la ministra del Trabajo, Natalia López Fuentes, al advertir, ante el Congreso, un faltante de 5 billones de pesos para pagar las pensiones de noviembre y diciembre. “No está la plata”, dijo, en medio de titulares que hablan de un fin de año complicado para los pensionados.

El objetivo de esta columna es analizar, jurídica y constitucionalmente, si esa situación es viable. Y la respuesta, desde 1991, es contundente: no lo es.

Primero, está constitucionalmente prohibido. El artículo 48 señala que por ningún motivo podrá dejarse de pagar, congelarse o reducirse........

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