El Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), creado en el sexenio de Enrique Peña Nieto para coordinar de manera independiente las acciones y políticas de combate a la corrupción, se mantiene con vida en los gobiernos de Morena, aunque con muchos señalamientos e indicios de irregularidades en el manejo de su presupuesto y sus principales funcionarios.

Hace unos meses, la renuncia del secretario ejecutivo del SNA, Roberto Moreno Herrera, fue un escándalo que pasó desapercibido. El funcionario fue acusado de asignaciones discrecionales de plazas y de pagar viajes personales con recursos públicos. Ahora diversas organizaciones de la sociedad civil señalan conflictos de interés en el proceso de selección de su sustituto, otra vez con el objetivo de hacer mal uso de montos millonarios.

Desde los tiempos de Andrés Manuel López Obrador, el Sistema Nacional Anticorrupción ha sido desdeñado, por ser, según el expresidente, una simulación y un gasto innecesario. Pese a ello, se le han asignado religiosamente alrededor de 120 millones de pesos cada año, los cuales están bajo el control del Secretario Ejecutivo para generar ningún resultado visible.

El castigo de la 4T para el SNA ha sido más bien mantenerlo en el olvido, así como omitir los procedimientos para completar sus órganos de gobierno. Por ejemplo, el Comité de Participación Ciudadana, su máximo ente de control, se mantiene con tres integrantes cuando deberían ser cinco. Se trata de Vania Pérez Morales, Blanca Patricia Talavera Torres y Rafael Martínez Puón.

Estos tres personajes son los encargados de elegir al sustituto de Moreno Herrera en el SNA, por lo que desde finales del mes pasado corre un proceso de entrevistas a los interesados y recomendados, mismo que deberá........

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