Hace unos días, una influencer jurídica afirmó en un podcast que las personas pobres o con menor nivel educativo no deberían votar. La frase provocó indignación, debates y cientos de reacciones. Muchas personas salieron a refutarla. Otras intentaron justificarla. Pero, más allá de la polémica pasajera, hay una pregunta que vale la pena hacernos, sobre todo en el Día de la Abogacía: ¿por qué este tipo de discursos siguen encontrando eco dentro del gremio jurídico?

La respuesta, aunque incómoda, no es nueva. El derecho ha sido, históricamente, una de las instituciones que más ha reproducido las desigualdades sociales. Paradójicamente, la profesión encargada de acercar la justicia ha terminado muchas veces construyendo barreras para acceder a ella. Barreras económicas, académicas, de género, de clase y de raza.

Por eso la declaración de esta abogada no me sorprendió. Me preocupa, sí. Pero sorprenderme, no. Durante décadas el ejercicio del derecho estuvo reservado para una élite: hombres provenientes de determinados círculos sociales, egresados de ciertas universidades y con acceso a espacios de poder que pocas personas podían ocupar. Aunque esa realidad ha cambiado parcialmente, muchas de esas lógicas siguen presentes.

Hoy........

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