El pasado 15 de mayo un notificador del Instituto Electoral de Tamaulipas, IETAM, pegaba en la puerta de mi casa dos cédulas por medio de las cuales se me notificó de una “Resolución por la que se ordena la adopción de medidas cautelares”. El notificador me dijo que el INE había entregado, “por un convenio”, la dirección de mi domicilio.

Supe de inmediato de qué se trataba. En días anteriores me habían pasado una nota que señalaba que Tania Contreras, exconsejera jurídica del gobierno de Américo Villarreal y candidata a Magistrada del Supremo Tribunal Electoral, nos había demandado, a mí y a EL UNIVERSAL, por los delitos de calumnias y violencia política en razón de género.

En un primer momento (6 de mayo) el secretario ejecutivo del IETAM desechó la primera de las quejas, la de calumnias, al considerar que “los periodistas y los medios de comunicación se encuentran excluidos del universo de destinatarios de las normas que prohíben la calumnia electoral”.

La candidata impugnó la resolución ante el Tribunal Electoral por haberse negado a tomar medidas cautelares contra EL UNIVERSAL y el autor de esta columna. En su escrito de queja solicitó un procedimiento especial sancionador en mi contra. En ese documento, mientras Contreras dice ser calumniada, se refiere a mí como un pseudoperiodista cuyo objetivo “es difamar a quienes no se alinean con sus credos........

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