Todxs deberíamos tener reconocida la libertad de decidir si morir o cuándo hacerlo, según las circunstancias. Nadie más que una misma debería incidir en esa decisión. Esa decisión no debería pertenecerles a los otros —ya sea personal médico o a nuestros familiares— como si fuese un bien supremo ajeno a nuestra propia existencia o, aún más, al derecho fundamental a la vida, que es un derecho individual, no un bien colectivo.

El Estado debería abandonar su paternalismo absolutista que, en nombre de proteger vidas, incluso de nuestras propias decisiones, dispone de nuestros cuerpos en contra de la voluntad de quien es titular de ese derecho. En reconocimiento de la autodeterminación personal, el Estado no sólo debería reconocer ese derecho a decidir sobre la propia muerte, sino también asumir la obligación de ofrecer los servicios médicos necesarios para que esa decisión pueda ejercerse de manera segura, libre, informada y sin sufrimiento innecesario.

La prohibición de la eutanasia o, dicho de otra manera, la obligación impuesta por el Estado de vivir a la fuerza criminaliza tanto a quien busca ejercerla como a quien le brinde la asistencia médica para hacerlo. No estamos hablando de crear una excepción piadosa........

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